La presidenta, Laura Chinchilla, prefirió tomarse días adicionales para emitir su criterio definitivo sobre el futuro de la mina de oro en Crucitas, San Carlos, después de que la Sala Constitucional le dijo que ella tiene la potestad para romper este contrato con la empresa de capital canadiense.
La mandataria evitó ayer hacer comentarios públicos sobre la sentencia y optó por enviar un comunicado de prensa en el que señala que será la semana entrante cuando defina si revocará o no la decisión de su antecesor, Óscar Arias, de declarar de interés público y así avalar la exploración minera en la zona norte del país.
Será el primer vicepresidente, Alfio Piva, el encargado de dirigir un “grupo de trabajo” que analizará el voto 2010-6922 de la Sala IV, en el cual señala que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen toda la potestad de decidir si otorga más concesiones mineras o si mantiene los contratos ya firmados.
Chinchilla ya anunció que en este Gobierno no expedirá nuevas concesiones mineras, pero hasta ahora ha evitado comprometerse con grupos ambientalistas que le piden romper el contrato con Industrias Infinito, que explotaría la mina en Crucitas. Ellos afirman que la actividad causará graves daños ambientales.
Chinchilla dijo la semana pasada que analiza la petición de los ambientalistas a la luz de los criterios que vertería la Sala Constitucional en la sentencia que consideró legítima la decisión del gobierno anterior de avalar esa mina.
Ahora se conocen los argumentos mediante los cuales los magistrados subrayaron que la última palabra la tiene el Ejecutivo.
El Gobierno tiene un grupo de profesionales tratando de acomodar las letras de esa “última palabra”. Toman en cuenta la posibilidad de mitigar eventuales daños ambientales, la capacidad de fiscalización de instituciones estatales y las posibles responsabilidades legales y pecuniarias que recaerían sobre el Estado en caso de una revocación unilateral de la concesión, se dijo en el comunicado.
Indemnización. El abogado de Industrias Infinito dijo estar sorprendido de que el Gobierno evalúe un decreto para derogar la declaratoria de interés público de la mina.
Juan Carlos Hernández, representante legal, sostuvo que la firma tendría que ser indemnizada, lo que consideró “lamentable”.
“Si al final del día toman la decisión de cancelarlo (el proyecto), tienen que buscar otras razones porque, desde el punto de vista ambiental y legal, no hay razón”, afirmó Hernández a este medio.
Crucitas, en Cutris, San Carlos, es un proyecto con el cual Industrias Infinito pretende extraer 700.000 onzas de oro, cantidad que equivaldría hoy a $836 millones, según el precio internacional.