El pasado martes 13 de julio, el economista Alberto Franco llamó la atención en esta misma sección de Opinión sobre la necesidad de evaluar los proyectos y programas públicos. Con una exposición sencilla pero bien sustentada, el autor destaca la importancia de “institucionalizar” el ejercicio de la evaluación de los programas y proyectos públicos, debido a que, según él, es una tarea clave para rendir cuentas a la sociedad y guiar la toma de decisiones para la óptima asignación de los recursos.
Más allá de compartir plenamente las ideas del señor Franco, creo que la discusión tiene otras aristas de no poca importancia. Como sociedad, debemos definir un marco institucional para la evaluación, establecer estándares y metodologías adecuadas y modernas, y sobre todo, avanzar hacia modelos de evaluación que otorguen un papel fundamental a los llamados “stakeholders”, con particular énfasis en la población objetivo de los programas y proyectos públicos.
En momentos en que en el país se debate la pertinencia y relevancia de asignar recursos a la educación superior estatal, se buscan alternativas para financiar la construcción de infraestructura o se valoran distintos esquemas de transporte público, la evaluación puede ser una herramienta estratégica para la toma de decisiones.
Tanto para las entidades estatales que diseñan y financian los programas y proyectos públicos, como para otros actores involucrados en dichas intervenciones (organismos de cooperación internacional, grupos organizados de la sociedad civil, empresas privadas nacionales y multinacionales, entre otros) la evaluación puede constituirse en un medio fundamental para lograr el impacto esperado de sus acciones, redefinir el rumbo de las iniciativas en curso, así como valorar el efecto real de los programas y proyectos.
Decidir bien, sobre todo en el ámbito público, requiere información relevante, válida y legítima para todos los actores involucrados en una determinada intervención. En ese sentido, es altamente positivo que la Asamblea Legislativa esté próxima a conocer un proyecto de ley nacional de evaluación, que pueda brindar un marco normativo al ejercicio de esta profesión y potencie lo que el señor Franco denomina “la institucionalización” de la evaluación en el país.
Otra señal altamente positiva es la celebración del Congreso Internacional de Evaluación en la Universidad de Costa Rica, cuyo tema central es “Evaluación y participación ciudadana en América Latina: Debates y posibilidades en un contexto de reformas sociales y cambios políticos”, del 28 al 30 de julio, organizado por la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de esta universidad, y la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización en América Latina y el Caribe (RELAC).
Un nutrido grupo de estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de la evaluación de América y Europa, así como algunos representantes de organismos inter- nacionales, instituciones públicas y centros de investigación, se darán cita en este evento con el propósito de analizar los avances de la evaluación en América Latina, conocer los más recientes desarrollos teóricos y metodológicos en la disciplina y reflexionar en torno a la contribución de la evaluación a la consolidación democrática y el desarrollo sostenible de nuestros países.
Sin duda alguna, las reflexiones y conclusiones de este importante encuentro servirán de insumo para el debate en torno a la ley nacional de evaluación, así como para el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones en el ámbito público.