Diferentes sectores de la sociedad civil del país se han manifestado con fuerza a favor de la idea de que el proceso de descentralización y apoyo al régimen municipal resulte en un desarrollo mayor y más acelerado.
En concordancia con esta idea, la Asamblea Legislativa decidió apoyar el régimen municipal desde el punto de vista financiero; para lo cual reformó el artículo 170 de la Constitución Política vigente desde en el año 2002, estableciendo como obligación del Poder Ejecutivo asignar de manera progresiva recursos a las municipalidades hasta un mínimo del 10% de los ingresos ordinarios anuales.
En ejecución de la nueva norma constitucional, la Asamblea Legislativa aprobó en el mes de abril del presente año, la Ley #8801 “Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades” que norma el proceso de transferencia a los gobiernos locales de los recursos del presupuesto y la titularidad de competencias administrativas del Poder Ejecutivo que se lleguen a determinar.
La ley manda que el proceso se ejecute de manera gradual, progresiva y ordenada y que la distribución de los recursos se haga de manera proporcional, adecuada a las necesidades y capacidades de cada municipalidad, contemplando las diferencias que existan entre cada municipalidad respecto de su facultad de gestión efectiva para prestar servicios a los vecinos. Debe tender a favorecer una homogeneidad de las competencias ejercidas por todos los gobiernos locales y todo el proceso se debe implementar a través de leyes especiales que transfieran las competencias y los fondos necesarios para ejercerlas.
Coordinación. La ley designa al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como la autoridad responsable de la coordinación y la concertación del proceso. Le corresponde proponer las competencias que serán transferidas, determinar los recursos necesarios y elaborar los anteproyectos de ley que serán sometidos a conocimiento de la Asamblea Legislativa.
El proceso que se encomienda reviste, en consecuencia, un carácter complejo, que no se limita al simple traslado de fondos para que se produzca el resultado esperado de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Por ello Mideplan, de previo a iniciar el proceso de traslado de competencias debe cumplir con una serie de consultas y trabajo técnico.
Una de las primeras tareas es la definición de las competencias a trasladar y el estimado de los recursos requeridos. Como acciones concretas se inició un proceso de consulta escrita con los ministros y los alcaldes para conocer su opinión sobre cuáles competencias son de su interés o ven con posibilidad de transferir y/o gestionar de manera eficiente. Dentro de este propósito se estará cumpliendo con un proceso de análisis de varios estudios rendidos por especialistas.
Una segunda tarea la constituye la elaboración del sistema de reconocimiento de idoneidad y capacidad de gestión de los gobiernos locales para recibir competencias y recursos. Esto implica un análisis técnico y de construcción de indicadores, así como una recopilación de información para constituir una base de datos que fundamente el sistema.
En su momento deberá hacerse un análisis de los costos que cada competencia a transferir involucra y la posibilidad de establecer esquemas de gestión regional a través de las agrupaciones regionales, federaciones o uniones de municipalidades.
También debe establecerse una metodología de traslado de recursos y competencias que involucre al Ministerio que la traspasa y las municipalidades que inicialmente las reciben y los pasos para homogenizar su ejercicio por la totalidad. La capacitación y entrenamiento del personal y el eventual traslado de funcionarios son aspectos que deben contemplarse para cada proyecto.
Participación ciudadana. Uno de los aspectos medulares que contempla la ley es el de la participación ciudadana en el proceso. Actualmente se trabajan propuestas de cómo integrar a los vecinos a las decisiones municipales esenciales y a este proceso de ejecución de programas asociados a competencias no desarrolladas tradicionalmente por su gobierno local.
Finalmente, se trabaja en la agenda a someter al órgano consultivo que crea la ley con representación de los gobiernos locales y sus entidades de segundo grado, así como del Poder Ejecutivo.
Para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica es importante cumplir responsablemente con la ciudadanía y el mejor uso de los recursos nacionales dentro de los fines que establece la ley, demanda un trabajo técnico de afinado y una ejecución mediante un proceso gradual de selección y coordinación con los órganos y municipios involucrados, lo que es una tarea compleja que debe abordarse con cuidado y paciencia, a través de un proceso de concertación y de coordinación previo entre los entes involucrados.