Lo dice el director nacional de la Fuerza Pública, Erick Lacayo: “Casi todos los días de la semana, por lo menos en uno o dos centros educativos a nivel nacional, hay un cierre de un colegio; un conflicto porque padres y jóvenes no quieren dejar entrar al director o a un profesor; o un bloqueo en una calle porque los alumnos no están de acuerdo con alguna medida'
“Recibimos llamadas por agresiones con arma blanca, por problemas entre el colegio ‘A’ y el colegio ‘B’, cuyos alumnos terminan peleándose en la calle'”
También lo afirma Gioconda Batres, psiquiatra especializada en violencia: “No le prestamos atención a los pleitos entre muchachos en los colegios, que constantemente se están produciendo. Hay montones de ejemplos de niños vulnerables que son acosados por sus compañeros porque son más flacos, más gordos, porque no saben jugar futbol'
“Los profesores y los padres no están queriendo entender eso, ya sea porque no tienen las herramientas o porque están agobiados por el trabajo”.
Ese es el día a día en los centros educativos, según la experiencia de Erick Lacayo dirigiendo contingentes policiales, y de la psiquiatra Gioconda Batres en su consulta y en la dirección del Programa Regional de Capacitación contra la Violencia de Género y Trauma, del Ilanud.
Digámoslo sin pelos en la lengua: la violencia que nuestros niños, niñas y adolescentes sufren en sus hogares y en sus barrios logró darles alcance.
Los persiguió, los siguió y logró entrar a empellones en uno de los últimos reductos que les quedaba a los muchachos y muchachas para su protección: los centros educativos.
Es un secreto a voces que se levanta desde las aulas cada vez con más fuerza y que sobrepasa la intensidad de los gritos y las correrías de los recreos.
Batres lo llama “violencia pandémica”, expresada de diversas formas dentro de las instituciones educativas. La más común, y ahora, cada vez más famosa manifestación de esa violencia es el matonismo o bullying (término que proviene de la palabra en inglés bull, o toro).
Los jóvenes también se enfrentan a un uso malentendido de la autoridad por parte de algunos profesores quienes, lejos de abrir espacios de discusión, tiran una línea inflexible de órdenes de acatamiento obligatorio.
Entre los mismos alumnos, hay grupos de “matones” que se encargan de hostigar por cualquier diferencia a uno o varios estudiantes.
“Es una diferencia notada por un promedio muy mediocre. Los valores en los que se apoyan implican ver cuál es el más popular, el que bebe más, el que ve pornografía, es que el más matón.
“Sí, es una cultura de la matonería, en donde aquellos que no cumplen con esos parámetros son discriminados y maltratados. Lo más preocupante de todo, es que padres y profesores no le ponen atención”, sostiene la psiquiatra del Ilanud.
“Esto podría verse como una normalidad, pero el problema es que se está llegando a extremos peligrosos. Estamos viendo insultos y agresiones entre muchachos que no tienen contención a nivel psicológico.
“Tenemos jóvenes sin una personalidad fortalecida que responden con violencia a prácticamente todo”, reconoció la coordinadora de la Oficina de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación Pública (MEP), Rocío Solís.
Ese despacho recibió 2.585 denuncias por diferentes tipos de agresión, en el 2009. En el primer trimestre del 2010, ha tramitado 1.078 quejas: 41% de las recibidas durante todo el año anterior.
Indiferentes
Los especialistas coinciden en que los adultos responsables de proteger a los menores de edad –sean maestros o padres de familia– no le están dando importancia ni dedicando interés al tema de la agresión.
¿Por falta de tiempo? Quizá. ¿Porque prefieren que el problema se lo resuelva otro? Tal vez. ¿Por miedo, ignorancia e incapacidad? Muy probablemente.
El psiquiatra y coordinador del Programa Integral de Atención al Adolescente de la Caja, Marco Díaz Alvarado, asegura que, hoy en día, los papás y maestros están más preocupados por el resultado académico que por el apodo, el acoso, las burlas o los golpes –físicos y psicológicos– que pueda estar padeciendo un menor dentro de las cuatro paredes de un colegio.
“Es un asunto de güilas”, podrían decir. “No es nada. Es normal”. “Si le pegan, péguele”.
Es un hecho que muchos padres de familia no invierten tiempo, ni en cantidad ni en calidad, asegura el médico Alberto Morales Bejarano, director de la Clínica del Adolescente, un servicio que ofrece el Hospital Nacional de Niños.
Esa clínica está saturada por la alta demanda de muchachitos enfermos. No los afecta un dolor de estómago o una diarrea. Caen abatidos por la depresión, la falta de esperanza, el maltrato y una enorme carencia de quien escuche y atienda sus necesidades.
Detrás del 90% de los casos vistos en esa clínica, existe un problema de agresión familiar no atendido y descuidado por mucho tiempo, asegura su director.
Un estudio en curso sobre violencia estudiantil que está a punto de finalizar en la Clínica del Adolescente, reveló que un 24% de los 6.000 menores que forman parte de la muestra han sido víctimas de matonismo por parte de otro joven de su misma edad.
Un acceso más fácil a la tecnología y a las armas ayuda a incrementar el nivel de agresividad desarrollado por los jóvenes.
La falta de supervisión de los mayores sobre el acceso a medios como la televisión e Internet, es otra de las causas de fondo en los casos de violencia estudiantil.
En Internet, por ejemplo, aprenden de todo. “Hasta pueden aprender cómo fabricar una bomba molotov”, advirtió Gioconda Batres.
Para la directora ejecutiva de la Fundación Paniamor, Milena Grillo, “la tecnología será una buena o mala influencia según el uso que se le dé.
“Urge una acción parental más informada y responsable –dijo Grillo–. Nuestras investigaciones hacen evidente una marcada ausencia de orientación parental acompañada de un incremento de los riesgos para la población con más acceso y uso más intensivo (de estos medios)”.
Ante el incremento de la violencia, el MEP se ha visto obligado a actuar en el único espacio en el que está autorizado a intervenir: las instituciones públicas.
La incautación de armas y el aumento de agresiones los obligó a formular un protocolo de prevención y atención de la violencia con armas en centros educativos y a activar un mecanismo de alerta temprana.
Este último se están probando en 17 instituciones públicas de San José con miras a extenderlo a todo el país, informó Rocío Solís.
Solo así, dijo, se han podido frenar eventos como el que hoy mantiene en estado de estupor a de todo el país: la tragedia en el Taller Pedagógico Montebello, en Mercedes Sur de Heredia.