La comparecencia del ministro de Seguridad a la Asamblea, más que útil para esclarecer el enredo legal de fondo y forma sobre el Convenio de Colaboración entre Costa Rica y los EE. UU., sirvió para dar a conocer el cuadro surrealista sobre la inseguridad ciudadana (vea La Nación del 8 de julio).
Dijo: “Tenemos capacidad apenas de poner en la calle simultáneamente menos de 4.000 policías”. “El país tiene más de 13.000 policías, pero menos de 12.000 se dedican de verdad a funciones policiales, de los cuales unos 1.000 están incapacitados y nunca, por tanto, hay más de 3.900 funcionarios protegiendo a la gente en cada uno de los turnos de ocho horas. Al ser más de cuatro millones de pobladores del país, la proporción queda en más de mil personas por cada agente policial”.
Más adelante: “Para peores, es muy probable que ese funcionario esté mal capacitado, que su delegación esté en ruinas y que carezca de un buen carro para perseguir delincuentes”. A lo cual se suma “la preocupación por la falta de disciplina en la Policía, en parte porque muchos superiores se abstienen de aplicarla para no meterse en entuertos legales. Y olvidaba algo: un arsenal nacional albergado en una situación altamente peligrosa... que podría causar una tragedia”. Su conclusión: “No se si estamos perdiendo la batalla”.
Es imposible no preguntarse: ¿y qué pasó con el paraíso televisivo de la anterior Ministra? ¿No era que se le estaba ganando al narco y a la delincuencia, gracias a planes como el de las Mil y una Noches, digo: los cien días del Plan Limón? ¿Y no era que la Escuela de Policía era una maravilla? ¿Qué pasó en estos tres meses en que caímos del cielo al infierno? O no se dijo la verdad antes, o no se nos dice ahora. Pero en cualquier caso los ministros, pueden decir, como aquel chusco, “estamos jodidos todos ustedes”.
La otra cuestión es gravísima: con esas condiciones comatosas de nuestra Policía, ¿quién podrá garantizarle a la ciudadanía una defensa eficaz, ya no de valores como la libertad, la tranquilidad y la paz, sino de derechos vitales y básicos como el de no ser asaltada, vapuleada, asesinada o violada en sus hogares o sitios de trabajo? ¿Cómo puede un ciudadano confiarse en la seguridad pública, si sabe que el Estado no podrá ampararlo? Porque las prohibiciones establecidas solo alcanzan a los ciudadanos dentro de la ley, no al delincuente que adquiere sus armas en el mercado negro, no le conviene inscribirlas y menos sacar permiso de portación.
De allí que no extrañe que los miles de costarricenses que tienen armas inscritas legalmente y se ven obligados a portarlas, estén dispuestos a decir, parodiando a aquel campesino de Aquileo J. Echeverría: “a mí pídanme la vida, pero mi arma... ¡mirala!”.