El pasado domingo, en medio de una escalada de intimidación lanzada por el crimen organizado, la ciudadanía mexicana hizo un despliegue de valentía y superación democrática al acudir a las urnas para renovar gobernaciones y alcaldías en quince estados. En claro contraste con lo que fueron en el pasado, cuando las consultas eran mayormente ceremoniales y diseñadas para ratificar resultados dictados de antemano por la jerarquía del PRI, el anquilosado partido único de facto durante más de siete décadas, en esta ocasión el torneo por las doce gobernaciones en juego devino en un proceso altamente competido.
Convergieron, en esta oportunidad, varios factores extraordinarios, empezando por la clara intención de los carteles de la droga de impedir o al menos trastornar los comicios mediante la violencia. Así, una ola de secuestros y asesinatos de figuras políticas que las bandas criminales perpetraron en varios estados, generó un sombrío clima de intimidación que, al final, millones de ciudadanos desafiaron imprimiéndole una legitimidad incuestionable a la consulta. De igual manera, valga señalar que la vinculación con redes criminales puso fin a las pretensiones de más de un candidato que se sentía seguro bajo el escudo protector del PRI.
Otro factor inédito, de grandes alcances, fue la alianza del oficialista PAN –de derecha– con el opositor de izquierda PRD. Tal colaboración era inconcebible a la luz de la pugna entre estas dos agrupaciones por la presidencia de México en 2005 y que, por un estrecho margen, ganó el actual mandatario Felipe Calderón. Derrotado y reclamando un presunto fraude, el postulante Manuel López Obrador libró entonces una controversial e infructuosa batalla para ser reconocido como el presidente legítimo de México. La acre disputa no permitía augurar la alianza electoral que, en esta oportunidad, alcanzó la victoria en tres importantes gobernaciones, hasta ahora sólidos bastiones del PRI.
De acuerdo con los sondeos, parecía muy difícil que el gobiernista PAN, debilitado por la crisis económica y la violencia derivada de la guerra contra los carteles de la droga, pudiera por sí solo arrebatarle gobernaciones y alcaldías al PRI, ya remozado y triunfalista tras una década de desplome por cuestionamientos éticos y fracturas internas. Por su parte, el PRD ha estado ayuno del favor popular que poseía hace cinco años, debido sobre todo al descalabro de sus cuadros y su incapacidad para superar el rechazo cívico del intento por deslegitimar a Calderón.
Fue gracias a esta coyuntura por lo que meses atrás los dirigentes de ambos partidos decidieron aunar esfuerzos para frenar en lo posible el ímpetu triunfalista del PRI que ambiciona reconquistar la Presidencia en las elecciones generales de 2012. Sin duda, el pragmatismo de los jerarcas del PAN y el PRD rindió frutos significativos en la jornada electoral del domingo, al arrebatar tres prominentes estados del inventario priista que al final contabilizó nueve de los doce en juego. A pesar de que los dividendos fueron parciales, han sido suficientes para motivar otra alianza con miras a aguarle la fiesta al PRI en los sufragios del año entrante en el estado de México, bastión clave del viejo partido y trofeo con el que espera concretar su candidatura presidencial el actual gobernador, Enrique Peña Nieto, popular político priista de nueva generación.
Se podría resumir el balance de la jornada electoral con la ingeniosa fórmula de que todos ganaron porque todos algo perdieron. Pareciera que los partidos políticos de México, empezando por el PRI, ya han empezado a comprender que el maximalismo de otras épocas es incompatible con la democracia.
Desde luego, el camino hacia el pluralismo representativo, arraigado en el respeto a las libertades fundamentales, no ha sido fácil y todavía busca acomodo entre el complejo legado de tradiciones absolutistas que hasta hace muy poco prevalecía en esa gran nación hermana. Por ello, son alentadores los avances evidenciados por la difícil etapa cívica recién concluida.