Mientras que el viceministro de la Presidencia, Mauricio Boraschi, apoya una veda de armas en zonas de alto riesgo, el director del OIJ, Jorge Rojas, afirma que no es conveniente desarmar a la población en las zonas donde más lo necesita.
Boraschi dijo a La Nación que ante la ola de violencia que vive el país, impulsará una propuesta para hacer un mapa de las zonas más violentas y prohibir el uso de armas de fuego.
“En determinados sectores, el Gobierno tendría la facultad de vedar la portación de armas, generalmente en áreas de violencia, y lo haría por decreto, sin importar si la persona tiene permiso. Si entra a esas áreas se le quita el arma”, agregó.
Según el funcionario, esas zonas serán determinadas por estudios del Ministerio de Seguridad. Sería el caso de La Carpio o León XIII, donde las armas de fuego son de uso frecuente, manifestó Boraschi.
Sin embargo, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, recalcó que si bien “el mejor de los escenarios es que no haya armas, el Estado es el obligado a brindar seguridad, pero si no existe esa seguridad, tampoco se le puede pedir a los ciudadanos que no se defiendan”.
En lo que sí coinciden ambos funcionarios es en el problema que se da con el tráfico de armas en el mercado negro.
En este punto, además, coinciden los diputados del Movimiento Libertario, que empujan una reforma legal para aplicar prisión de seis meses a dos años a quien porte armas sin registrar. Actualmente la ley castiga esta conducta con seis meses de trabajo comunal.
Esta posición la comparte el legislador Luis Fishman, del Partido Unidad Social Cristiana, quien recalcó que la gran mayoría de los delitos son cometidos con armas ilegales. Por ahora, el plan de prohibir el uso de esas sigue en el papel.