La Sala Constitucional aceptó analizar si es válido o no realizar un referendo nacional para decidir si los homosexuales pueden unirse en parejas con reconocimiento legal.
Los siete magistrados de la Sala IVvotaron el miércoles a favor de acoger para estudio el recurso de amparo de un abogado homosexual que asegura sentirse vulnerado en sus derechos con la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llame a una consulta sobre este tema.
Los jueces acogieron el recurso para estudiarlo y, por tanto, ordenaron al TSE suspender el trámite correspondiente al referendo proyectado para realizarse en diciembre, junto con la elección de alcaldes y síndicos.
El argumento de Quirós se centra en que hay convenios internacionales (superiores a la Constitución) que obligan a Costa Rica a proteger a la minoría homosexual y a evitar discriminaciones como la que se estaría cometiendo con un referendo sobre derechos legales de las parejas.
La medida de la Sala Constitucional carece, por ahora, de efectos prácticos sobre el TSE pues la Ley de Regulación de Referendo le impide convocar una consulta si no han pasado al menos seis meses después de una elección presidencia, como la del 7 de febrero.
Esto significa que el TSE podría convocar el referendo solo a partir del 7 de agosto y si la Sala Constitucional le da luz verde y rechaza los argumentos que incluyó el abogado Quirós en el expediente 10-8331-0007-CO.
El Tribunal Electoral sí continuará con la preparación interna del proceso, con tareas como la validación de firmas y la confección de un padrón para costarricenses que votarán desde otros países.
Los magistrados del TSE, en todo caso, están obligados a responder a la Sala IV en menos de tras días las razones por las cuales creen que sí es válido someter a una consulta popular un asunto vinculado a los derechos humanos.
El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, insistió ayer en que la ley de referendo ni la Constitución Política prohíben aplicarlo a asuntos relacionados con derechos humanos y porque, en todo caso, lo que está en juego es “la ampliación de esos derechos, no la reducción”.
El referendo lo planteó un grupo llamado Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia con la intención de evitar el progreso de un proyecto de ley tendiente a dar a las uniones homosexuales los mismos derechos legales que tienen las parejas de mujer y hombre.
El Observatorio, con ayuda de religiosos católicos y evangélicos, recogió más de 135.000 firmas de apoyo que el TSE debió revisar, aunque no ha emitido aún un dictamen de validación oficial.
Varios grupos defensores de los derechos de los homosexuales activaron su organización para oponerse a la realización del referendo, con el respaldo de entidades como la Defensoría de los Habitantes.
La Sala IV ya rechazó la semana pasada, ad portas, una acción de inconstitucionalidad que la Defensoría y otro abogado, Yashín Castillo, plantearon contra el artículo 2 de la ley de referendo por no prohibir las consultas populares en casos de derechos humanos.