El preguntar sobre la forma en que las universidades públicas gastan el dinero de las arcas nacionales, no es una provocación ni un disparate, es un deber y un derecho cívico de todos los costarricenses. A don Iván Molina, quien escribió “Cálculos e intereses” el 15 de junio, le aclaro que ni las afrentas ni los cuestionamientos personales me van a desmoralizar, puesto que la causa es justa: Costa Rica no está en condiciones de triplicar el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en cuatro años, y mucho menos cuando no existe transparencia por parte de las universidades estatales en su gestión de los recursos públicos.
No pido que nadie me crea: nada más lean el Informe de la Contraloría Universitaria de la Universidad Nacional de diciembre de 2009, que comprueba irregularidades en el proceso de admisión y matrícula de estudiantes en beneficio de altos funcionarios, denuncias que fueron declaradas como “confidenciales” por el Consejo Universitario de esa casa de estudios. Lean este informe, para que conozcan el mal uso que se le ha dado al proceso de admisión de estudiantes extraordinarios, para ingresar, como estudiantes regulares, a un número importante de alumnos que habían reprobado el examen de admisión, no lo habían realizado, o bien, no contaban con el título de bachiller en educación media. Una de las alumnas es la hija de un exmiembro del Consejo Universitario. Esta situación, según el mismo informe, va “en detrimento de las posibilidades de ingreso de otros estudiantes interesados con los requisitos de admisión o de matrícula extraordinaria requeridos y de los principios de equidad, igualdad de trato y excelencia académica.”
El informe además indica que de una muestra de 65 estudiantes matriculados de forma extraordinaria, el 75% ingresó mediante mecanismos que no concuerdan con las políticas de admisión de la Universidad Nacional. Inclusive reporta la existencia de un título falso de bachillerato presentado por la hija de una de las altas jerarcas.
Habiendo la denunciante señalado irregularidades en los procesos de admisión de estudiantes nuevos, se le quitó la potestad de decidir sobre esas situaciones, retirándole el acceso a los sistemas.
En fin, las irregularidades fueron comunicadas al Consejo Universitario y publicadas en el Semanario Universidad en la edición 1851 de marzo de este año, muy a pesar de la solicitud del exrector, Olman Segura, quien envió una advertencia de confidencialidad al Semanario, como lo consta la carta enviada a la directora del medio, Laura Martínez, el 14 de mayo del año en curso.
Estimación de costos. Pero sigo sin esperar que nadie me crea: don Iván cuestiona la metodología que empleé para estimar los costos por estudiante – que por cierto es la misma que utiliza el informe de Conare (Brenes, 2005)– y tiene toda la razón: en ausencia de información públicamente disponible de las instituciones estatales, no pude incluir los costos por concepto de becas, posgrados, carreras del área de salud, materias reprobadas, abandono estudiantil, desperdicio y otros gastos, tales como laboratorios y servicios estudiantiles.
Pero a don Iván le aclaro que tales costos encarecen, no abaratan, la educación superior pública, lo que fortalece mi argumento.
Le recuerdo a don Iván que él puede hacer sus análisis porque hice todo mi trabajo de conocimiento público, con un interés serio por la situación de la educación superior en el país. Esto contrasta con el nivel de argumentación que él utiliza en su artículo, en el que se atreve a hacer aseveraciones sin fundamento, propias de un discurso demagógico y no de un análisis objetivo de un catedrático universitario.
Para no estar jugando a las adivinanzas, ¿por qué más bien no publican las universidades que son costeadas, con el sacrificio de todos los costarricenses, el costo real por estudiante, por carrera? ¿Por qué no indican cuál es el estatus socioeconómico de los estudiantes que cursan las diferentes carreras y que están becados? ¿Por qué no reportan cómo piensan distribuir el aumento en los salarios, las ganancias de las “fundaciones”, los gastos de representación, las becas internacionales de posgrado, los viajes, los seminarios, las asesorías, las comisiones y otros incentivos?
En realidad solo planteo estas preguntas en forma retórica: creo que todos sabemos la respuesta.