Los choques étnicos que hoy sacuden a Kirguistán, la antigua república soviética centroasiática, en mucho han sido producto de arraigados antagonismos sociales. Sin embargo, perpetuar la inestabilidad de la zona fue, precisamente, un objetivo que Stalin, el antiguo déspota soviético, intencionalmente promovió en 1936 al configurar fronteras territoriales que truncaron la geografía tradicional de las nacionalidades que comparten la región. Para tal finalidad, redistribuyó a la etnia uzbeka mediante ajustes fronterizos que afectaron, además de Kirguistán, a las vecinas repúblicas de Uzbekistán y Tayikistán. Stalin pensó que tales fracturas alentarían choques nacionalistas que inhibirían un eventual curso independista por parte de cualquiera de las citadas repúblicas y, sobre todo, justificarían la política represiva del Kremlin.
Sin duda, el peso del despotismo soviético mantuvo bajo la superficie las tensiones étnicas del área hasta la implosión de la URSS que en 1991 marcó la independencia de las tres indicadas repúblicas. En Kirguistán, una sucesión de procesos electorales de dudosa legitimidad desembocaron en reinstalar, hace un año, al autocrático Kurmanbel Bekiev como presidente, cuyo mando arbitrario y la corrupción generalizada de su régimen provocaron una escalada de protestas populares. En abril último, Bekiev se vio obligado a dimitir y lo reemplazó un Gobierno interino encabezado por Rosa Otunbayeva, quien anunció la celebración de un plebiscito en seis meses para decidir sobre una nueva Constitución.
Lamentablemente, el cúmulo de resentimientos étnicos devino, desde mucho tiempo atrás, en un polvorín susceptible de estallar por la más ligera causa. En efecto, en días recientes, meros rumores de excesos contra mujeres uzbekas supuestamente cometidos por bandas armadas kirguises, desataron una ola de violencia cuyo saldo sobrepasa 2.000 muertos y centenares de heridos, además de inmensos daños materiales y miles de hogares desplazados. Estos hechos se produjeron mayormente en Osh, la ciudad más importante al sur del país y principal bastión urbano uzbeko. Cabe apuntar que dicho conglomerado representa un 15% de la población total del país, estimada en 5,5 millones, y en Osh conforma un estrato de comerciantes y empresarios que es clave para el desarrollo y modernización de Kirguistán.
Por otra parte, Kirguistán ha adquirido importancia estratégica en los últimos años debido al conflicto bélico en Afganistán. Una base aérea arrendada le permite a Estados Unidos abastecer a sus tropas en Afganistán, al tiempo que Rusia también cuenta con una avanzada militar en el país. Asimismo, Kirguistán, cuya clase política ha sido infiltrada por el crimen organizado, ha cobrado notoriedad como centro internacional del tráfico de drogas, sobre todo las que provienen de Afganistán. Los movimientos islamitas radicales realizan un intenso proselitismo y, según reportes de prensa, Al Qaeda ya posee una filial local.
No es dable subestimar el peligro que toda esta constelación de factores internos y externos guarda para el futuro de esta agobiada nación. Ayer, los designios perversos de Stalin impidieron la consolidación de la unidad nacional, y hoy la confluencia del radicalismo islámico, de las lacras del crimen, el narcotráfico y la corruptela socavan fatalmente el desarrollo de la democracia.
Los acontecimientos en Kirguistán, aunque distantes en el mapa, también ofrecen una lección a quienes creen en los gobernantes “fuertes” como vía expedita para solucionar los problemas de las trabas burocráticas y, en general, de la gobernabilidad. Como lo acredita el caso de Bakiev, y tantos otros alrededor del planeta, la experiencia ha sido muy distinta, pues aquellos gobernantes que, bajo el pretexto de una mayor agilidad en el proceso decisorio, incrementan su poder a expensas del control que otras ramas oficiales ejercen sobre sus acciones, suelen caer en el ámbito de la autocracia con todos los vicios que ello involucra.
No hay que ir hasta Kirguistán para comprobar esta patología. Basta mirar a algunos países de la región, mayormente Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde el acrecentamiento de las facultades del gobernante “fuerte” ha ido de la mano con un cercenamiento fatal de las libertades fundamentales de los ciudadanos.