El sueldo de los diputados está congelado a perpetuidad. Esa es la única conclusión posible tras el desenlace del último intento de ajuste. No es una conclusión razonable y así lo admitirán, incluso, los más indignados opositores de la intentona.
La Presidencia de la República anunció su decisión de vetar el aumento, pero no alegó la inconveniencia de la medida propiamente dicha, sino su efecto sobre la futura pensión de la mandataria. Las jubilaciones de los expresidentes están ligadas al salario de los diputados y el aumento engrosaría la pensión de doña Laura Chinchilla. Si sancionara la ley con su firma, se concedería a sí misma un beneficio violatorio de elementales normas éticas. También incurriría en responsabilidades penales, según interpretaron algunos diputados.
Sin embargo, cualquier aumento de salario requerirá, en el futuro, la firma de un mandatario sujeto a idénticas inhibiciones. En consecuencia, el sueldo vigente está fijado en piedra, per saecula saeculorum. Todo presidente quedará obligado a interponer el veto para salvar responsabilidades.
Además, si se admite la existencia de una responsabilidad de la mandataria, difícilmente se eximirían de ella los diputados. La responsabilidad de los legisladores sería aun más directa, porque recibirían un beneficio actual y la Presidenta apenas una expectativa de derecho. En ausencia de otro medio de ajuste salarial, los congresistas tendrán el mismo ingreso porque les estará vedado legislar en beneficio propio. La conclusión no es lógica ni satisfactoria. Así, su validez es cuestionable.
Sin embargo, el costo político del fallido aumento desaconseja cualquier intento de resolver la paradoja en sus términos actuales. Mejor aceptarla como punto de partida para establecer un mecanismo alejado de subjetividades y suspicacias. Para los actuales legisladores, el diseño de semejante procedimiento se presenta como una oportunidad de demostrar propósitos institucionales y no personales, porque los ajustes comenzarían a operar en el próximo cuatrienio.
En manos de un tercero, la fijación del salario de los congresistas escaparía de las inevitables sospechas del momento y la compensación quedaría a salvo del rezago acumulado a lo largo de años de posposiciones y traspiés. El salario de los diputados no debe ser epicentro del debate político, sino objeto de un análisis técnico similar al empleado para otros cargos del Gobierno.
El Congreso no puede renunciar a acometer esta tarea. Su inacción confirmaría desinterés en la solución del problema institucional y profundizaría las suspicacias sobre las motivaciones del fallido intento de ajuste.