El país requiere instituciones de educación superior de alta calidad: públicas y privadas. La educación ayuda a la gente a comprender la vida. También la ayuda a ganarse la vida. En la era del conocimiento que vive el mundo, el progreso de los países no depende tanto de su dotación de recursos naturales ni de capital físico, como de su capital humano.
Conforme más capacitado este sea, más fácilmente adoptará nuevas técnicas de diseño, producción, mercadeo y finanzas. El nivel de escolaridad explica en mucho las diferencias de ingreso entre las personas: en general, a mayor preparación, mayor nivel de ingreso. Invertir en educación es rentable.
Que yo sepa, nadie en Costa Rica aboga por el cierre de entidades de educación superior, ni por dirigir desde afuera el contenido de su enseñanza. La discordia está en si en nuestro país la educación superior pública, que (como ha sido harto demostrado por investigadores de la propia Universidad de Costa Rica) beneficia fundamentalmente a estudiantes que provienen de las familias más acomodadas, debe ser prácticamente gratuita.
Los rectores de las universidades estatales, sus estudiantes y algunos huelguistas, dicen que sí. Los que pagan la cuenta, y cualquiera que analice lógicamente el asunto, dicen que no. Yo me incluyo en el último grupo.
El asunto es muy sencillo. Primero, en Costa Rica las finanzas públicas son deficitarias y no pueden siquiera financiar una serie de programas de alto interés social, como son la infraestructura, erradicación de tugurios y la seguridad ciudadana.
Segundo, si la educación superior en general ayuda a sus beneficiarios a obtener ingresos más elevados que quienes no tienen acceso a ella, ¿por qué no han de pagar por ese beneficio?
Tercero, como la educación universitaria pública beneficia fundamentalmente a los más adinerados del país, pues buena parte de los pobres no termina la secundaria, el darla gratis a aquellos equivale a hacerlos más ricos aún.
En otras palabras, el financiamiento de la educación superior en Costa Rica contribuye a acentuar (en vez de reducir) la desigualdad económica entre los miembros de nuestra sociedad. Por último, si se considerara que la educación universitaria genera enormes externalidades positivas (que benefician a toda la sociedad), entonces habría que subsidiar por igual a la pública y a la privada, no solo a la primera.
Dar fondos a las universidades públicas se está pareciendo cada vez más a echar agua en un canasto: no hay forma de llenarlo. Es cierto que por Constitución (por una astuta reforma que, sin mayor consulta pública, se aprobó hace tres décadas) el Estado (léase: todos los pagadores de impuestos) debe dar apoyo financiero, mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a las universidades públicas. Pero también es cierto que nada las obliga a suplir prácticamente gratis sus servicios. Tampoco existe impedimento para que vendan servicios a la comunidad y con ello obtengan (a) conocimiento empírico que enriquezca el contenido de la enseñanza y (b) recursos para que aumenten su cobertura y el subsidio a los estudiantes de las familias que realmente lo necesitan.
“Que el rico pague como rico, y el pobre pague como pobre”, suelen decir rectores, profesores y estudiantes cuando opinan de impuestos, mas no cuando se trata del financiamiento de la educación superior. Las tres funciones básicas de las universidades estatales –docencia, investigación y extensión social– han de seguir, pero la única que ha de ser objeto de subsidio es la tercera.
Si por norma constitucional en Costa Rica se eleva al 8% del producto interno bruto el aporte estatal a la educación en general, que ello sirva para mejorar la cobertura y calidad de la educación pública primaria y secundaria, que es la que beneficia prioritariamente a los grupos de menores ingresos del país. Sería improcedente, por no decir una burla a la función redistributiva del Estado, que de ese aumento se aprovechen las universidades públicas, las cuales pueden (y deben) generar más ingresos por sus propios medios.