Cuando se insinúa que pasar de ¢226.000 millones este año a ¢400.000l millones en el 2015 implica una reducción del presupuesto asignado por el Gobierno a las universidades, estamos en problemas. Y estamos en problemas cuando podemos leer un comunicado de una de nuestras universidades que dice que: “el Gobierno de la República mantiene su propuesta de asignar a las universidades públicas el 1.24% del producto interno bruto (PIB) para el año 2011, y un crecimiento escalonado hasta el 1.30% en el 2015, porcentajes que, ante la reducción del PIB, implican un decrecimiento real de los recursos”.
La realidad es que no solo no hay tal decrecimiento, sino un aumento de unos ¢175.000 millones entre 2011 y 2015. Es así como el principal fondo con que el Gobierno financia a las universidades estatales – el FEES – pasaría del 1,23% al 1,30% del PIB: el porcentaje más alto de la historia y un porcentaje igual al que los países de la Unión Europea dedican a toda su educación superior (pública y privada). A esto podría agregarse el apoyo de un crédito de $300 millones para impulsar tanto la innovación educativa en áreas científico tecnológicas como la capacidad de las universidades para recibir a estudiantes que ven frenado su acceso a la educación superior por razones socioeconómicas.
Pero, entonces ¿por qué argumentar que el Gobierno está frenando y reduciendo el financiamiento a las universidades estatales? ¿Por qué un aumento tan notable en términos nominales, en términos reales y en términos de participación en el PIB puede ser interpretado como una reducción en el FEES?
La razón de esta confusión es tan simple como insensata: para que algo se vea pequeño, basta compararlo con algo absurdamente grande. Así, el aumento ofrecido por el Gobierno se hace pequeño cuando se le compara con las demandas desproporcionadas planteadas por los representantes de las universidades que, en distintos momentos, han pedido un aumento anual que varía entre un 17% y un 24%, pasando de los ¢226.000 millones actuales a ¢540.000 millones frente a los cuales, claro, una oferta de ¢400.000 millones, se ve pequeña. Si consideramos el quinquenio que va de 2011 a 2015, tenemos que las universidades solicitan unos ¢260.000l millones adicionales a lo que ha ofrecido el Gobierno. Es así – pidiendo en exceso – como un aumento puede parecer una reducción, sin serlo.
Es inevitable preguntarnos cómo se llegó a plantear una demanda tan claramente desproporcionada por parte de nuestras autoridades universitarias. Para sustentar tal petición se aduce que, por simples razones inerciales, estas universidades “necesitan” que su presupuesto crezca al menos un 8% real cada año (más la inflación), ya que año tras año el costo por estudiante aumenta automáticamente como fruto de los aumentos salariales e incentivos otorgados. Si la inflación fuera del 4%, esto implicaría que el costo por estudiante aumentaría un 97% en cinco años.
Esto significa que, sin recibir un estudiante más, sin mejorar en nada la calidad, sin hacer más investigación ni extensión, las universidades demandan, para empezar, un aumento del 8% anual más la inflación. ¡Y nada de esto iría a elevar la cobertura, a mejorar la calidad, a financiar las residencias o las becas, sino tan solo a financiar el aumento automático de los costos! Por eso, las autoridades han dicho que necesitan un aumento anual de entre 11% y 15% real más la inflación para poder mejorar y aumentar sus servicios educativos. Pero eso es tan insensato como imposible: ninguna institución, por importante que sea, puede pedirle eso a la sociedad.
Todos debemos velar por que los recursos públicos se asignen al conjunto de prioridades sociales, ambientales y económicas del desarrollo nacional. Las universidades públicas juegan un papel vital en ese desarrollo y, por eso, desde el Gobierno, impulsamos un aumento muy importante en su presupuesto. Lo que no puede ser es que las universidades pretendan verse como la única prioridad nacional y le exijan al Gobierno y la sociedad un aumento injustificable y desproporcionado y, mucho menos, que esto se justifique con base en aumentos automáticos e inerciales en sus costos y no en la mejora y expansión de sus servicios educativos. Creemos en nuestras universidades públicas y sabemos que necesitan un aumento de su presupuesto, un presupuesto que debe ser justo, sí, pero también razonable.