Durante 14 meses, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ha negociado, con honestidad y transparencia, el Fondo Especial para la Educación Superior, FEES 2011 – 2015, en el seno de la Comisión de Enlace. A pesar de la frustración y el cansancio acumulado, hemos respondido a la solicitud – a veces reiterada-- de ampliar informaciones sobre costos, cifras, planes de inversión y opciones de colaboración con los Gobiernos.
En los últimos días se han dado a conocer, por parte de los señores ministros de Educación y Hacienda, cifras interpretadas incorrectamente al calor de la discusión y que buscan recortar drásticamente una inversión que solo le favorece a Costa Rica como un todo. La realidad es que durante los años 2004 a 2009, las universidades contamos con un promedio del 13% de crecimiento real, gracias a la negociación que se hizo con el gobierno de don Abel Pacheco, y los aportes que hemos dado están a la vista.
Ese crecimiento permitió compensar, en parte, lo que se había perdido en los años 90, cuando el FEES cayó significativamente y las universidades se vieron imposibilitadas de aprovechar todo su potencial para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida. En esos años el FEES pasa del 1,15% del PIB al 0,79% con las consecuencias negativas que muchas personas conocemos. El crecimiento experimentado después del 2004 permitió mejorar los equipos y la planta física de facultades, escuelas, laboratorios y sedes regionales, así como las condiciones de trabajo y estudio de la mayoría de docentes, estudiantes y funcionarios. Se fortalecieron carreras, se crearon otras y se pudo ampliar significativamente la matrícula.
Las universidades públicas costarricenses no solo forman profesionales, producen la mayor parte de la investigación en ciencia y tecnología, invierten el 70% de los recursos nacionales para esos fines, y en sus sedes funcionan el 72% de institutos y centros de investigación y trabaja el 83% de los investigadores del país. Este aporte a la sociedad costarricense se hace gracias al FEES y a los recursos propios generados mediante proyectos con instancias públicas o privadas, nacionales y del exterior. Existe una profunda imbricación entre el quehacer universitario y la sociedad.
Un presupuesto creciente ha permitido ofrecer una educación universitaria de calidad a estudiantes provenientes de colegios públicos o subvencionados –que conforman en promedio el 79% del estudiantado universitario– de los 81 cantones. No es cierto, como se ha querido dar a entender, que los presupuestos universitarios se destinan, fundamentalmente a “'financiar generosas anualidades y privilegios que explican' la desproporcionada propuesta de duplicar el gasto en cinco años.” (La Nación, Editorial, 16/06/2010). En general los salarios universitarios están por debajo del resto de la administración pública y varios de los aumentos, que inciden en el balance presupuestario, han respondido a políticas de Estado, como es el caso de los profesionales del sector salud.
En el 2009, las universidades estatales aceptaron una negociación transitoria, bajo protesta, en un intento de ayudar a paliar la crisis con creatividad y trabajo. El presupuesto para el 2010 bajó el crecimiento real del 13% al 10% y en la negociación quinquenal, aún sin resolver, el Gobierno propone que se baje de un 10% a un 4%. Aceptar esas condiciones significa echar atrás con buena parte de los logros. Significa amarrarnos las manos e impedirnos colaborar como podemos y queremos. La negociación actual no es solamente técnica o financiera; debe enmarcarse en términos de un desarrollo nacional sostenible y equilibrado, equitativo e inclusivo.
Durante los últimos setenta años la universidad pública ha jugado un papel determinante en la formación de los cuadros que el país necesita para el desarrollo. Aportamos y podemos aportar mucho más, en un momento en que la lógica se transforma generando otras formas de relación, de construcción del sentido de la vida, de maneras de vincularse con el ambiente y con el mundo.
Queremos un acuerdo que nos permita trabajar. El financiamiento solicitado, si se entiende bien, como inversión y no como gasto, no es desmedido ni ruinoso. Quizás hace falta elevarse sobre las actuales circunstancias del país y hacer un esfuerzo para mirar hacia el futuro, como lo hicieron los fundadores de la educación pública costarricense.