La guerra contra el narcotráfico en México cobra, en promedio, unas 5.500 vidas por año. En los cuatros años transcurridos desde que el presidente Felipe Calderón decidió confrontar a los traficantes, el país ha sufrido unas 22.000 muertes en la vorágine de violencia desatada, fundamentalmente, por siete grandes carteles de la droga, entre ellos el de Michoacán, uno de los más jóvenes y desalmados.
Para dar contexto al número de decesos, basta compararlo con la totalidad de fatalidades sufridas por los Estados Unidos en una docena de años de combate en la Guerra de Vietnam. Como promedio anual, México ha perdido más vidas y la horrenda cifra acumulada a la fecha se aproxima a la mitad de las muertes sufridas por los norteamericanos en el histórico conflicto del Sudeste Asiático. En ocho años de guerra en Iraq, Estados Unidos perdió apenas una quinta parte de los hombres sacrificados en la batalla mexicana.
Muchas más vidas se han truncado en esas guerras internacionales, pero señalar las pérdidas militares de la gran potencia en dos conflagraciones de extraordinario alcance vierte luz sobre la dimensión de la tragedia mexicana. México vive una verdadera guerra, dicho sin eufemismos ni exageraciones.
Los muertos son, en su mayoría, narcotraficantes y miembros de las fuerzas del orden, principales protagonistas del enfrentamiento, pero hay un creciente número de víctimas civiles, incluyendo cientos de niños. México se desangra en la heroica batalla, cuya consecuencia directa para Costa Rica fue advertida hace meses por el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Apenas puso pie en nuestro país para una breve visita, el segundo de abordo en la Casa Blanca declaró su preocupación por Centroamérica. Los carteles mexicanos, afirmó, están bajo presión en su terruño y existen informes de inteligencia sobre una rápida migración de sus operaciones ilícitas hacia el sur.
La Nación informó ayer de la captura de 18 personas, once costarricenses y siete mexicanos, vinculados con el cartel de Michoacán y su estructura centroamericana, con capital en Guatemala. La operación no es la única ejecutada en nuestro país contra las organizaciones criminales mexicanas, pero es una de las más grandes y constituye prueba irrefutable de la necesidad de tomar en serio la advertencia de Biden.
Es hora de admitir que los países del Istmo encaran hoy uno de los retos más difíciles en la historia de la lucha contra el crimen organizado.
La pelea es formidable, no solo por su sangrienta estadística, sino también por el tamaño de las fuerzas involucradas. Calderón movilizó a 45.000 soldados para respaldar las operaciones de 20.000 agentes de la Policía Federal en todo el país. A pesar del extraordinario despliegue, este mes una docena de policías mexicanos perdieron la vida a manos del cartel de Michoacán.
Los recursos disponibles en Centroamérica palidecen frente a los desplegados por México. Esa circunstancia impone la necesidad de promover la cooperación internacional, dentro y fuera del Istmo. Los recursos ofrecidos hasta ahora por los Estados Unidos en el marco de la Iniciativa de Mérida y los programas bilaterales no están a la altura de las circunstancias. Lo mismo puede decirse de los mecanismos de cooperación centroamericana y la preparación individual de nuestros países. Costa Rica no debe perder oportunidad de promover la cooperación entre vecinos y con los estadounidenses, pero tampoco puede esperar a que alcance su nivel óptimo. Debe actuar ya, con los recursos disponibles, para obstaculizar el desarrollo e implantación de los carteles en su territorio. Dentro de unos tres meses, el Gobierno presentará sus propuestas en materia de seguridad ciudadana y podremos juzgar el grado de consideración otorgada a este problema fundamental.