El planteamiento presupuestario de las universidades públicas implica un aumento del 97% en el costo por estudiante a lo largo de los próximos cinco años. En números redondos, significa un incremento de ¢2,6 millones a ¢5,2 millones por alumno. En total, el presupuesto universitario rondaría los ¢600.000 millones en el año 2015, frente a los ¢226.000 millones de este año.
Si reciben la totalidad de los fondos solicitados, dicen los rectores, la matrícula crecería en 3.803 alumnos para el 2015, pasando de 76.800 en la actualidad a 80.603 dentro de cinco años. No parece haber proporción ni tampoco son aparentes los motivos del exorbitante encarecimiento del costo por estudiante. La respuesta está en el destino proyectado para los fondos. Los compromisos salariales adquiridos por las universidades, por sí solos, incrementan los costos en un 8% anual, más la inflación, según cifras del Ministerio de Educación Pública.
Las universidades, en ejercicio de su autonomía, conducen negociaciones salariales cuyo costo confían en trasladar al Estado. La negociación presupuestaria se convierte, entonces, en la búsqueda de recursos para financiar generosas anualidades y privilegios que explican, en buena medida, la desproporcionada propuesta de duplicar el gasto en cinco años.
El planteamiento de los rectores elevaría el presupuesto universitario del 1,23% del PIB (valor total de los bienes y servicios producidos en el país) al 2,34% en el 2015. El porcentaje es extraordinario, independientemente del parámetro utilizado para aquilatarlo. Es, por ejemplo, muy superior al porcentaje de inversión en educación universitaria de muchos países desarrollados, y eso contando el gasto en universidades públicas y privadas. Si se le mide contra la inversión actual en educación, que por primera vez alcanzó e l 6% del PIB exigido por la Constitución, la pretensión universitaria equivale, para el 2015, a más de un tercio de todos los recursos disponibles.
La educación es un factor de desarrollo y produce riqueza. En ese sentido, tienen razón las universidades cuando argumentan que su presupuesto es una inversión nacional y no un simple gasto. Aceptada esa caracterización, falta saber si la inversión es eficiente, si se dirige a los rubros apropiados para alcanzar el resultado perseguido y, también, si es posible en la proporción planteada.
Sobre las primeras dos preguntas hay duda. La eficiencia no queda clara cuando la proyección es duplicar el costo por estudiante y producir un modesto aumento en la matrícula total. La propuesta de los rectores tampoco contiene proyecciones certeras de mejoras en materia de investigación e innovación, dos tareas asignadas por excelencia a los centros universitarios. Por otra parte, no puede decirse que el inversionista, en última instancia la sociedad costarricense, tenga garantía de financiar los rubros idóneos cuando un alto porcentaje de los recursos se destinarán a pagar beneficios salariales con un crecimiento del 8% anual en términos reales.
Queda, pues, la pregunta de si la inversión es posible en un país donde el déficit fiscal crece a un ritmo alarmante y cuyas autoridades ya optan por financiar gastos corrientes con endeudamiento. La propuesta de presupuesto universitario para los próximos cinco años implica una inversión ruinosa para la integridad fiscal o un importante recorte en otros rubros, y es ahí donde las autoridades universitarias no pueden cruzarse de brazos y actuar como si se tratara de un problema ajeno.
El Gobierno propone un aumento significativo y anclado en la realidad nacional. El Fondo Especial para la Educación Superior pasaría a financiarse con un 1,30% del PIB en el 2015 (unos ¢390.000 millones) y, además, se gestionaría un préstamo para financiar el desarrollo de infraestructura. La oferta es generosa, y los rectores harían bien en considerarla en lugar de atrincherarse en un planteamiento totalmente alejado de la realidad.