El intercambio entre las autoridades de las universidades públicas y el Poder Ejecutivo, acerca del monto del presupuesto de aquellas, puede depararnos beneficios tangibles. ¿Cómo? Siempre que las negociaciones se desenvuelvan en un ámbito de respeto y, en cuanto al contenido, de objetividad y transparencia. El Consejo de Rectores (Conare) debería satisfacer estos principios ante la propuesta del Gobierno.
El país clama sin tregua por estos tres valores: respeto (ética), objetividad (fidelidad a los hechos y a los datos fehacientes) y transparencia (antítesis del secretismo). Desde este trinomio, cabe sopesar datos tan relevantes como los publicados ayer por el Gobierno: ¿puede el Poder Ejecutivo –o, mejor, nosotros, los contribuyentes–, financiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que se triplicaría cada cuatro años, entre el 2011 y el 2015, hasta alcanzar un aumento astronómico de 390. 000 millones de colones, lo que significa un aumento del 97% del costo por estudiante? El alza, por cierto, del presupuesto ha sido sostenida y, en los últimos cuatro años, digna y vigorosa.
Conviene, en estas circunstancias, invocar también los principios de coherencia y de razonabilidad. No es correcto formular demandas exorbitantes, como ocurrió, si no se toma en cuenta la realidad fiscal. El problema sube de punto si, además, muchos hechos no juegan a favor de las universidades. Cito dos casos. El Consejo de la UCR hizo causa común recientemente con el sindicato de Japdeva contra la concesión y modernización de los muelles de Limón y de Moín, un antro de ineficiencia y de privilegios, por donde discurre el 83% del comercio nacional. De ahí provienen buena parte de los impuestos del país. ¿Cómo, por un lado, se exigen presupuestos imposibles y, por otro, se ponen trabas, por razones ideológicas, contra la economía y la gestión portuaria? Para meditar.
En esta línea de reflexión surge el triste pasaje de las universidades públicas (financiadas por nosotros) contra el TLC. En vez de convertirse estas en un lugar de encuentro y debate pluralista de ideas, propio de un centro académico, de inmediato tomaron partido, con todo su poder burocrático y mediático, contra el TLC. Esta oposición significaba nada menos que la fractura y enclaustramiento comercial del país y, por lo tanto, el repliegue total de las inversiones y de la creación de empleos, una de cuyas primeras víctimas habrían de ser las propias universidades públicas. ¿Quién entiende esta incongruencia académica y esta visión ideológica de la realidad?
Autocrítica, respeto, objetividad, coherencia y transparencia. Conviene, en verdad, reflexionar y rectificar.