La Contraloría General de la República (CGR) aclaró ayer que continúa investigando la contratación de una consultoría en el Poder Judicial, por $1,8 millones, con la firma Indra Sistemas S. A.
El ente contralor desmintió un comunicado emitido ayer en la mañana por la oficina de prensa del Poder Judicial, según el cual la ejecución de dicho contrato no sería investigada.
“Es falso que la Contraloría no investigará dicho contrato, tanto en los aspectos de legalidad como en materia de ejecución de los términos contractuales”, aclaró la oficina de prensa del ente contralor.
“Lamentamos profundamente la actuación desplegada por la Corte Suprema de Justicia en un caso de reciente denuncia, cuya investigación apenas inicia”, agregó.
A Indra se la contrató en el 2008 para diseñar un sistema de software y efectuar una reingeniería de procesos que agilice la labor de fiscales y defensores públicos.
La consultoría debía finalizar en noviembre próximo, pero la empresa se atrasó con la entrega de los productos, y los que entregó le fueron rechazados por no cumplir los requisitos exigidos en el convenio.
El director del proyecto es Jorge Obando Sancho, esposo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Ana Virginia Calzada.
Esa relación, según el fiscal general, Francisco Dall’Anese, el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, y otros jerarcas judiciales, no inhibe legalmente a Obando de participar en la consultoría.
En la nota de prensa del Poder Judicial se informó ayer que la Contraloría se dio “por satisfecha” con la explicación del caso que le dio el auditor judicial, Hugo Ramos, y que no investigaría el asunto.
El comunicado se fundamentó en un oficio de la CGR, mediante el cual este órgano le solicitó a Ramos mantenerle informado sobre el contrato de Indra.
“Se trata de una ‘solicitud de información de seguimiento’, de cuyo título es imposible interpretar: ‘Contraloría no investigará contrato de Indra’”, aclaró la CGR.
Consultado sobre las razones por las cuales el Poder Judicial interpretó que el caso estaba cerrado, Ramos señaló: “Esa fue la percepción que tuve. En la reunión con José Luis Alvarado (funcionario de la Contraloría) se habló de que no hay incompatibilidad por la presencia del esposo de la magistrada en el contrato”.
Ramos dijo desconocer quién decidió redactar el comunicado. “Yo me reuní con varias personas, hablé del tema con Alfredo Jones, Kattia Hernández y Sonia Navarro. También he hablado con don Luis Paulino Mora”, precisó.
La jefa de prensa del Poder Judicial, María Isabel Hernández, prefirió no detallar quién le solicitó la redacción del documento.
“Esto me vino de la administración del Poder Judicial, pero de quién específicamente, eso mejor me lo reservo”, afirmó.
Este medio solicitó hablar del tema con el magistrado Mora, pero no hubo respuesta.