Bien están la mirada y la crítica atentas sobre las carreteras que se construyen y se ponen a disposición de los usuarios. En este sentido la nueva vía entre San José y Caldera, construida por la empresa Autopistas del Sol, bajo el alero de la concesión de obra pública, se ha llevado las palmas. Con razón o sin ella, la crítica se ha centrado sobre esta carretera. Si así hubiera ocurrido en el pasado con las vías en construcción, o una vez inauguradas, nos hubiéramos librado de muchos trágicos episodios y hasta de pasajes cómicos, o, al menos, hubiéramos acumulado experiencia para no repetirlos. La impunidad, lamentablemente, ha estado a la luz del día.
En diversas cartas a este periódico se ha subrayado este fenómeno. En su oportunidad se dejó hacer y se dejó pasar. La construcción de la carretera a Guápiles, causa permanente de accidentes trágicos, por sus amenazantes y empinados taludes y por la imprudencia de los conductores, no se sometió a una crítica rigurosa y menos a una revisión minuciosa. Deficiente ha sido, asimismo, el patrullaje programado en ella de la Policía de Tránsito. La antigua carretera a Jacó fue, por décadas, un testimonio escandaloso de la ineficiencia e imprevisión del Estado. Sin embargo, pasaron décadas y décadas sin que la reacción del Estado o de la población pusiera manos a la obra.
La muerte de un padre de familia y de sus dos hijos, en la vía entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y Manolos, la mañana del sábado pasado, ha conmovido al país. El dolor y la impotencia ante este nuevo hecho ha suscitado justa ira, al contemplar cómo, pese a las voces de alarma por muchos años, ante el desenfreno y la irresponsabilidad, no se adoptaron las medidas previsoras pertinentes. Un solo viaje por esta carretera, en cualquier hora del día, era suficiente para verificar su peligrosidad. Esa no ha sido una vía para el transporte privado o público. Ha sido una pista de velocidad para todos los vehículos, en particular para furgones y autobuses, los reyes de nuestras carreteras.
No hace falta referirnos a otras vías públicas que, por su construcción o su falta de mantenimiento, ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas.
Hacemos hincapié, una vez más, en la causa principal de tantos desafueros: la (in)cultura vial que, pese a tanto horror, todavía prevalece, pese al esfuerzo de nuestras autoridades. Esta incultura vial ha quedado grabada para eterna recordación en el triste itinerario de la ley de tránsito en la pasada Asamblea Legislativa, que todavía recorre los pasillos del parlamento. Y si todavía se requiere una prueba más de esta extraña mentalidad, viene al caso traer a cuento la reacción exótica de algunos miembros de la Policía de Tránsito a la hora de la aplicación de esta ley, en un país donde el valor ético de la responsabilidad y de la prudencia de numerosos conductores porta inconfundibles colores fúnebres.
Se impone una conclusión. Si el MOPT cerró 11 km de la vía a Caldera, en razón de los taludes, esto es, si atendió las quejas o presiones de los usuarios, bien haría, con igual esmero, en ordenar el patrullaje de los tramos de carreteras más peligrosos o mortales en forma sistemática y planificada. Nos referimos, a título de ejemplo, a la vía entre el Aeropuerto Internacional y Manolos, y a la carretera entre San José y Guápiles, de tal modo que los conductores vean la presencia de los inspectores, no apostados, como espectadores, en las intersecciones o en sitios fijos, sino en movimiento, a lo largo de las vías, dispuestos a reprimir, con energía y autoridad, las conductas irresponsables o imprudentes.