Industrias Infinito, concesionaria de la mina Crucitas, solicitó ayer al Tribunal Contencioso Administrativo que levante la medida cautelar que frenó la construcción de la mina en Cutris de San Carlos.
El abogado de la firma, Juan Carlos Hernández, alegó que los supuestos riesgos de daño ambiental por los que se acusa a Industrias Infinito ya fueron resueltos en la Sala IV desde abril de este año.
Con la acción de ayer, la firma minera intenta que se levante la medida cautelar impuesta mientras se resuelve por el fondo una denuncia interpuesta por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas) desde noviembre del 2008.
Apreflofas, con la colaboración de la Asociación Norte por la Vida, cuestiona que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) haya otorgado la viabilidad ambiental al proyecto, pese a que a posteriori se varió el área de operación de la mina.
Las organizaciones también critican el decreto 34.801 firmado por el expresidente Óscar Arias, que declaró de interés público el proyecto minero Crucitas y permitió la tala de especies en riesgo como el almendro amarillo.
La vista de este caso se desarrolló ayer en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea.
El caso lo analizan los jueces José Joaquín Villalobos (quien preside), José Paulino Hernández y Jazmín Aragón, quienes escucharon a las partes ayer durante dos horas.
La resolución del Tribunal se conocerá hoy a las 4 p. m.
Defensa y acusación. Edgardo Araya, de la Asociación Norte por la Vida, les pidió ayer a los jueces que no levanten la medida cautelar contra la mina, porque los cuestionamientos no concluyeron con el fallo de la Sala IV.
Según Araya, los magistrados resolvieron sobre asuntos de inconstitucionalidad, pero no sobre la “ilegalidad” de los actos que permitieron la aprobación de la extracción minera en Crucitas.
En la otra acera, Hernández sustentó su defensa en el fallo de la Sala IV, del 16 de abril.
Ese día, los magistrados constitucionalistas resolvieron que no había suficientes elementos para determinar que la operación minera “provoque efectos negativos en el ambiente”.
“El proceso contencioso tiene el mismo sujeto, objeto y causa que los recursos de amparo (20) que fueron de conocimiento por parte de la Sala Constitucional y declarados sin lugar”, señaló Hernández en la defensa.
Control ambiental. Agregó que la empresa, en caso de reactivarse la operación, tendrá la supervisión de una comisión interinstitucional que vigilaría que se respeten las exigencias de protección al ambiente que se establecieron en el contrato de concesión.
Entre esas instituciones, se incluye al Ministerio de Salud, la Setena y el Ministerio del Ambiente, entre otros.
Sin embargo, Bernal Gamboa, abogado de Apreflofas, sostuvo que los riesgos de una afectación a la ecología se mantienen porque, entre otras cosas, hay fallas geológicas en la zona de Crucitas que no fueron tomadas en consideración en otros procesos judiciales.
También habló de los eventuales riesgos de extraer oro con cianuro, un ácido altamente tóxico.
La historia de la mina Crucitas data de 1993, cuando el entonces Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas (Mirenem) otorgó el permiso de exploración minera.
En el 2005, Industrias Infinito obtuvo la viabilidad ambiental del proyecto y ahora pretende extraer 700.000 onzas de oro.