Si las universidades públicas suelen proclamarse, frente al Estado y la sociedad, abanderadas de la justicia social, del interés público, del diálogo, la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, esta es la hora de dar testimonio de ello.
No pareciera, entonces, justo ni oportuno declarar “un paro activo” y una marcha para mañana, en el primer mes de la actual administración y en medio de las penurias fiscales, por cuanto el Gobierno, según sus dirigentes, no acceden a otorgarles el monto presupuestario exigido del 2011 al 2015. Si este, como afirmó la rectora de la UCR, Yamileth González, es “un paro reflexivo”, la reflexión y la madurez deben ser el ámbito y la tónica en estas negociaciones, antes que otras fuerzas o grupos pretendan entrometerse y llevar agua a sus oxidados molinos.
Las universidades exigen, según información del sábado anterior de este periódico, 38.000 millones de colones para el 2011(17% más que este año). Según el ministro Garnier, “el aumento, que va del 13% al 16% real por año, más la inflación, representa un aumento anual de un 20%”. Según la rectora de la UCR, “es casi imposible descender y hay preocupación porque no se ve una definición cercana”. La “cercanía” puede ser un argumento táctico y comprensible, mas no un argumento válido. Si así fuera, las calles no darían abasto ante los graves problemas del país. Eugenio Trejos, rector del TEC, dice que “los recursos ofrecidos por el Gobierno son absolutamente insuficientes”. Pareciera que este no es el vocero universitario con más autoridad.
Sorprenden, por otra parte, los datos aportados por el ministro Garnier: mientras toda la educación pública (preescolar, primaria y secundaria) recibe el 5% del PIB, “¿cómo podríamos asignar casi el 2,5% a la educación superior?”. El ministro Herrero declaró que “el financiamiento universitario debe seguir creciendo, pero en niveles que la sociedad pueda pagar”. Triple cuestión: el necesario financiamiento universitario, el primordial financiamiento de la educación pública y el respeto a los contribuyentes, los que pagamos. Por eso, Estado y universidades deben rendirle cuentas estrechas al país.
En conclusión, se imponen un diálogo franco y una transparencia total. El país debe saber cuál es la realidad financiera y administrativa actual de las universidades, cuál es su plan de desarrollo y cómo se gastan o invierten sus recursos (los nuestros). Surge un mar de preguntas. No debe haber secretos. Tampoco deben existir en las universidades privadas. Todas merecen lo mejor, pero los ciudadanos merecemos que se nos diga la verdad, sin la cual no hay autonomía ni gobierno que valga.