El apoyo a la educación, y su impulso como instrumento indispensable para la realización personal, la apertura de oportunidades y el desarrollo dinámico y sostenible, es un compromiso nacional. Comienza en el seno de la familia; se incorpora a las expectativas individuales; toma vigor en instituciones y procesos; florece en la relación dinámica entre estudiantes y docentes; cuaja en la generación de valores y el desarrollo de opciones laborales e intelectuales, y se asienta en una política de Estado, que es tanto impulso como resultado de todo lo anterior.
Los éxitos de esa dinámica explican muchos de nuestros avances como país; sus fracasos, varios de los obstáculos o retrocesos que hemos enfrentado. Recordemos, como emblemático ejemplo de esto último, el impacto demoledor que tuvo la caída en la inversión educativa por la crisis económica en que nos sumergimos durante el gobierno del presidente Rodrigo Carazo (1978-1982). Pero el saldo general es en extremo positivo. Y aunque resulta difícil atribuirlo a decisiones específicas, en el camino destacan ciertos hitos fundamentales. Uno de ellos acabamos de superarlo: el mandato constitucional de dedicar, al menos, un 6% del producto interno bruto (PIB) a la educación.
Tras 13 años de que se aprobara esa reforma, la Contraloría General de la República reportó, en su informe de labores dado del pasado mes, que el monto total dedicado a gastos e inversión educativa del Estado durante el 2009 superó, por primera vez, el mínimo de la Constitución, al llegar a un 6,47% del PIB. Si se incluyera al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución de enorme importancia, el porcentaje se incrementaría a 6,85.
Es un gran logro. Pero debemos recordar que dedicar más recursos al sector educativo público sería poco relevante –y hasta contraproducente– si, a la vez, no se desarrollan estrategias para aumentar su pertinencia, calidad, agilidad y extensión. Las necesidades del país son muchas y la asignación de recursos públicos no debe guiarse solo por metas cuantitativas, sino por una sabia definición y seguimiento de prioridades, que son cambiantes.
Para pasar del simple dato a los resultados tangibles, el camino es laborioso. Implica modificar prácticas, superar vicios, renovar sistemas, replantear metas y, por supuesto, luchar contra intereses creados, a menudo inmovilistas; es decir, atreverse a cambiar para bien y, sobre todo, ser capaces de hacerlo.
Por esa razón, celebramos la superación del mínimo constitucional, pero, sobre todo, celebramos que ese logro estrictamente cuantitativo haya ido de la mano de importantes avances cualitativos, con impacto en el conjunto del sistema, gracias a las políticas, las decisiones y las acciones que ha liderado el ministro de Educación, Leonardo Garnier, y al apoyo del anterior y el actual Gobierno.
Los recursos son condición necesaria, pero no suficiente, de las mejoras educativas.
Más aún, se requieren procedimientos para garantizar y evaluar constantemente la calidad y el desempeño de los docentes; metas adecuadas y realistas para orientar la inversión y el gasto; programas y métodos de estudio que se adapten a las necesidades del país y las aspiraciones de los jóvenes; firmeza para frenar prácticas corruptas e influencias politiqueras; flexibilidad para adaptar los esquemas institucionales a realidades cambiantes, y compromiso individual y colectivo de los educadores, los estudiantes, los padres de familia y, por supuesto, las autoridades.
Se trata de una responsabilidad compartida, en la que el conjunto de los ciudadanos debemos ser guardianes del buen desempeño de los actores del sistema, pero también aliados en la misión de mejorar cada vez más.