La trabajadora social Cindy Mora lee el expediente de uno de los casos en estudio: “Mario, un año de edad, múltiples ingresos en los últimos dos meses al Hospital Nacional de Niños”.
El dispositivo para alimentarlo que le colocaron los médicos con ayuda de cirugía está contaminado porque sus cuidadores no lo limpian y esto le causa infecciones severas. Mario viene desnutrido y sucio. Lo trae la abuela materna. La mamá es una joven de 17 años, callejera y drogadicta. Está embarazada.
La psiquiatra infantil Jazmín Jaramillo no puede evitarlo y levanta la voz: “¡Por Dios! Estamos viendo el caso de este chiquito, pero, ¿dónde estábamos para ayudar a su mamá? ¡Ella también es una menor de edad!”. La espontaneidad de la psiquiatra cae como un balde de agua fría sobre los integrantes del Comité del Niño Agredido, del Hospital de Niños, quienes guardan silencio.
Es un martes de marzo. Apenas pasa de las 8 a. m. En la reunión semanal del Comité (integrado por médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados y enfermeras del hospital, y un representante del PANI) se estudian las situaciones más difíciles ingresadas al centro pediátrico en días recientes. El de Mario es uno de los cinco expedientes analizados esa mañana.
Le sigue el de una niña de siete años. Todo indica que fue agredida sexualmente por un tío materno el mismo día en que su familia le celebraba a ella el cumpleaños. El hospital tiene antecedentes de otra hermana en igual situación.
“Llamamos a la oficina del PANI (Patronato Nacional de la Infancia). Nos dijeron que no podían ver el caso porque era viernes, que eran las 3:15 y los funcionarios ya habían salido. Que les pasáramos la información el lunes, por escrito, vía fax”, explicó Cindy. Silencio en el salón.
“¿Y qué se supone que vamos a hacer con la niña?”, preguntó la doctora Ivonne Gómez, la única pediatra que, hasta la fecha, se ha comprometido a trabajar de lleno con el Comité hospitalario. “Pues se quedará en el hospital hasta que le encontremos una alternativa de protección”, responde Jaramillo. La abogada del PANI en el grupo calla y toma nota de la queja.
Correr la cortina
Mario llegó desnutrido y sucio, con una sonda contaminada y una infección galopante. El hospital bien pudo dedicarse a resolver esos problemas médicos y devolver al niño a su casa. Semanas después, sin embargo, hubiera regresado y la historia empezaría de nuevo, una y otra vez.
Por eso, el equipo médico está obligado a evaluar a cada paciente sospechoso de maltrato, y para esto han desarrollado un instinto que solo da la experiencia.
Como bien lo dice la jefe de Trabajo Social de ese hospital, Ana Virginia Quesada, detrás de Mario hay una historia oculta: la del abandono de su madre, probablemente porque el niño es fruto de una violación; la de una familia en estado de pobreza, a la cual el Estado y la comunidad no le han dado una mano para resolver sus necesidades más apremiantes,y la de una abuela que en su juventud sufrió violencia y tuvo una hija que hoy le hereda un nieto enfermo.
“Es la cara oculta del maltrato infantil”, comentó Quesada, para quien la respuesta de las instituciones responsables de proteger a los menores de este país ha sido insuficiente.
Incluso, la capacidad de ellos mismos como parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se está quedando corta.
Desde hace una década, son solo 15 trabajadores sociales para atender la demanda nacional, incluidos los casos de maltrato, que van en aumento.
“Lo que estamos haciendo –dijo– es apagar incendios, pues cuando el niño llega aquí es porque el daño ya está hecho”.
Solo entre el 2006 y el 2009, el número de chiquitos atendidos en Trabajo Social de ese hospital subió un 38%: pasó de 1.671 casos hace cuatro años a 2.306 el año anterior.
La cantidad de menores agredidos es 1.269% más alta en comparación, por ejemplo, con otro tipo de pacientes en ese servicio, como los enfermos de cáncer.
Golpes que marcan
Durante el primer trimestre del 2010, el servicio liderado por Quesada ha visto a 662 menores, 469 de los cuales fueron referidos por situaciones de abuso confirmadas: entre otras causas, 34% de los chiquitos sufrieron negligencia en su familia (como Mario), 24% abuso emocional, 9% abuso sexual, 2% abandono y un 2% (10 bebés) sufrió una nueva modalidad de violencia: el abuso prenatal (antes de nacer).
Para el 2009, el 65,5% de los niños vistos en Trabajo Social (1.509) fueron víctimas de algún tipo de abuso. “Lo que se reporta aquí es apenas un 10% de lo que puede estar sucediendo dentro de los hogares costarricenses”, advirtió Ana Virginia Quesada.
Las cifras asustan. Y más si se sabe que, solo en los primeros meses del año, murieron ocho niños en el país por diferentes tipos de violencia. Dos más que todas las pequeñas víctimas mortales contabilizadas en el 2009, confirmó el director del Hospital de Niños, Rodolfo Hernández Gómez.
Cada una de esas muertes conmovió al país porque reveló las fallas de un sistema creado para proteger a los pequeños.
De grandes proporciones
La reunión de ese martes de marzo no se diferencia mucho de otras. Cada historia de un niño, niña o adolescente que se escucha en el salón, los alerta sobre el rápido avance de una epidemia de mayor gravedad y peores consecuencias que las causadas, posiblemente, por la polio, el sarampión o la rubéola.
Primero, revela la acelerada destrucción de la familia, que debería ser el entorno más protector para cualquier menor de edad, pero, por el contrario, es la fuente de más del 80% de todas las agresiones contra menores. Aquí no importa su clase social.
Segundo, deja al descubierto la ausencia de programas para prevenir todos los tipos de violencia, en especial, contra niños, niñas y adolescentes.
Tercero, refleja que hay una abundancia de instituciones creadas por el Estado para proteger a la niñez y la adolescencia de Costa Rica –más de una decena–, pero su labor se caracteriza por la descoordinación, la tramitología, la escasez de recurso humano, la burocracia y la pérdida de sensibilidad hacia los más pequeños.
Por último, tras cada caso se hace evidente la falta de programas para rehabilitar a víctimas y agresores, lo cual explica la alta reincidencia que se registra, por ejemplo, en muchos de los niños atendidos por el PANI.
La historia de Gabriel, de 11 años, y su pequeña hermana, Catalina, de 7, es un buen ejemplo de lo anterior.
Dicen las trabajadoras sociales del PANI que los encontraron en un predio, en San José, cuando los fueron a recoger tras recibir una denuncia.
Su “casa” estaba construida con bolsas negras de basura. En el interior, la mamá preparaba arroz en un fogón mal hecho. El ingrediente principal del almuerzo de ese día, consistía en unos repollos recogidos entre los sobros del mercado Borbón.
Aquella no era la primera vez que las funcionarias iban por los niños. Era la tercera. Los llevaron a uno de sus albergues para protegerlos de la indigencia y el consumo de drogas de sus padres. El miércoles 12 de mayo, Gabriel y su hermana cumplían cuatro meses alejados de las calles, en el albergue del PANI en San Francisco de Dos Ríos.
“¿Cómo te sentís?”, preguntamos. “A veces feliz, a veces triste”, contestó el niño sin quitar sus ojazos negros del plato de arroz, frijoles, carne y ensalada que le sirvieron antes de ir a la escuela, a eso del mediodía.
“¿Cuándo es que te sentís triste?”' “Cuando no estoy con mi mamá”, respondió. Sí, él añora a su mamá, a pesar de que es una indigente consumidora de drogas y se encuentra en la cárcel de mujeres El Buen Pastor cumpliendo una sentencia de casi tres años por hurto. Se ven cada 15 días y lloran juntos.
Roxana Castro Ugarte, trabajadora social de la oficina del PANI en Alajuelita –una de las más grandes y saturadas del Patronato–, contó con mucha franqueza que Gabriel ha tenido múltiples reingresos a los albergues institucionales pues no hay capacidad para tratar a su familia de tal manera que pueda “curarse”.
De hecho, los dos niños ahora están en proceso de declaratoria de abandono con la esperanza de que alguna pareja los adopte.
“Gabriel permanece en el albergue. Aquí, las tías hacen lo que pueden pues están a cargo de 13 niños más con comportamientos y situaciones tan conflictivas como las de él.
“A los padres, si acaso, la psicóloga los puede citar una vez al mes y, si es muy urgente, una cada 15 días. Así, es muy difícil, sino imposible, que el niño regrese a un hogar con las condiciones adecuadas”, reconoció Roxana.
La historia de Gabriel reúne los principales factores de riesgo para el abuso mencionados antes: una familia enferma, y la ausencia de soporte institucional o comunal para salir del abismo en el que se encuentra. El pronóstico para el pequeño círculo familiar de Gabriel es incierto.
El “malo de la película”
Si se trata de señalar a algún responsable de las situaciones que enfrentan chiquitos como Mario, Gabriel y la menor ultrajada por su tío, la mayoría de los dedos apuntan hacia el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), una institución creada hace 80 años para proteger a niños y adolescentes.
Pero la realidad no es tan sencilla. Aunque el PANI es el coordinador de un ente mayor –el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, formado por más de una decena de instituciones–, la epidemia de violencia contra los menores sobrepasa su capacidad y competencias.
El PANI atiende, por año, a más de 30.000 niños y sus familias (lo cual se traduce en un promedio de 2.500 casos al mes, 114 al día, y casi 14 por hora, durante la jornada laboral ordinaria).
Lo hace con un presupuesto anual que apenas llega a los ¢22.000 millones y con tan solo 250 profesionales (entre trabajadores sociales, abogados y psicólogos) para verificar denuncias, hacer visitas a hogares y comunidades y dar tratamiento a las familias. Una trabajadora social como Yoleny Villalta Calderón, de la oficina del PANI en Alajuelita, maneja un promedio de 300 expedientes a la vez, todos en condición “roja” (urgente).
“He terminado llorando del agobio”, confesó Yoleny el martes 27 de abril, mientras acompañaba a una mujer a denunciar a su esposo ante la Fiscalía, pues había agredido a su hijo.
En Alajuelita, cada funcionario del equipo técnico tiene dos horas y media a la semana para utilizar el único carro disponible para atender situaciones como la de aquel martes.
“Tenemos que velar por casi 200.000 personas (unas 40.000 familias), en una zona de alta incidencia de agresión que abarca los ocho Hatillos, la ciudadela 15 de Setiembre, San Sebastián, Alajuelita y la 25 de Julio. Conforme nos aumentan las denuncias y su complejidad, disminuye nuestra capacidad de respuesta.
“Solo tengo tres abogados, tres psicólogas y cinco trabajadoras sociales para ver los asuntos, todos rojos. Aquí no se puede minimizar el riesgo de ninguna denuncia, pero lo cierto es que hay una realidad que nos desborda. La verdad, Dios es el que nos protege”, admitió Sonia Mora.
Ella dirige la oficina de Alajuelita. Sus palabras aludían directamente a que aún no han enfrentado asuntos mayores, como los vividos en Paquera, Puntarenas, a principios de año (aún se investiga por qué la oficina local no actuó para evitar la muerte de una menor a manos de su agresor sexual, cuando ya había una denuncia interpuesta).
“La Caja es 45 veces más grande que el PANI; el Ministerio de Seguridad, 14 veces; el Poder Judicial, diez veces y el Ministerio de Salud, cinco veces. Hay más guardaparques en este país cuidando animalitos y arbolitos que funcionarios del PANI protegiendo niños. Aquí es donde uno cuestiona cuáles son las prioridades del país”, dijo Mauricio Medrano, gerente técnico del Patronato.
Medrano ha intentado justificar al Ministerio de Hacienda la necesidad de aprobar, al menos, 500 plazas más para profesionales. Las razones que han salido desde Hacienda para denegar la solicitud es que no hay plata.
La nueva jerarca del Patronato, Marielos Hernández, reconoce que no se puede seguir confiando la gestión solo a la protección divina.
“No podemos vivir de milagros porque estamos afectando a la población más vulnerable de este país”, dijo, al enumerar algunos de los esfuerzos que piensa hacer en los próximos cuatro años para traer más recursos financieros y humanos.
Medrano se apresura a decir: “Ni con todos los recursos del mundo, aún con los ideales, vamos a poder resolver el tema de la violencia en los niños de manera aislada, sin darle condiciones a la familia y a su entorno. Esto trasciende el PANI”.
Advertencias hechas
La incapacidad confesada por las propias autoridades de una institución como el PANI, y la falta de recursos para atender mejor en un hospital del calibre del Nacional de Niños, no son un descubrimiento reciente.
La sexta Encuesta de Niñez y Adolescencia (EDNA, 2008) mencionó la debilidad del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
“El proceso de reforma institucional revela una respuesta estatal débil, insatisfactoria y poco efectiva de los derechos de esta población. (') Es claro que los comités de niño agredido desarrollan su labor' No obstante, no se conoce el grado de desempeño y la eficacia de esas instancias y el impacto sobre los casos particulares y el fenómeno en general' Lo que está claro es el poco avance que en términos preventivos se está logrando, ya que los casos siguen en aumento”, advierte la EDNA.
“Este no es un asunto de una sola institución. El país maneja un doble discurso, pues el tema lo hemos visto rezagado a nivel de las prioridades estatales. Lo que se necesita es que las instituciones se pongan a trabajar juntas”, manifestó Kattia Rodríguez, aún directora del área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, pero quien, a partir del 1.° de junio, fungirá como directora general de Migración y Extranjería.
Costa Rica tiene un Código de Niñez y Adolescencia (1998), y una política nacional (2009). Hay mucho escrito pero falta lo más importante: el plan de acción para poner de acuerdo a instituciones como el PANI, la CCSS, los Ministerios de Salud y Educación, y el Poder Judicial.
“Gran parte del problema es que la coordinación funciona entre personas y no entre instituciones. El trabajo en red y la coordinación es un ejercicio que aún falta”, reconoció la fiscal adjunta de Delitos de Violencia Doméstica y Sexual, Eugenia Salazar.
En su oficina, la mayoría de los expedientes son por abuso sexual. Pero, según dijo Ana Virginia Quesada, apenas el 10% de las denuncias termina en juicio. Y solamente el 1% logra sentencia.
Todo eso pasa en un país que se jacta de tener una de las más bajas tasas de mortalidad infantil al nacer, del continente.
Si en Costa Rica es posible alcanzar esas metas, ¿por qué sus instituciones todavía son incapaces de proteger a los menores en otras etapas de su vida?
(*) Los nombres completos de los menores mencionados se protegen por ser menores de edad.