En 1991 se presentó el proyecto que ahora se discute de nuevo para equiparar los salarios de los diputados con los de los magistrados, presidentes ejecutivos y otros funcionarios de alto nivel. Esta diferencia y esta tardanza no tienen sentido. La función legislativa es esencial y exige, en consecuencia, como se propone en este proyecto, transparencia, exclusividad y eliminación de privilegios. También lo es la labor de los ministros, cuyos salarios deben también ajustarse. La Sala Constitucional, como expresó este periódico en su editorial de ayer, lo considera justo y necesario.
Este proyecto es impopular, pero, como una reforma tributaria, debe acometerse. Cabe la crítica, pero es detestable la demagogia, particularmente de quienes gozan de fueros especiales y, desde hace años, no trabajan. Estos ajustes salariales son la masa de la lora comparados con las sumas gigantescas despilfarradas por la ineficiencia, por las decisiones aberrantes o impunes en algunas instituciones públicas; por el desastre de los muelles de Limón y Moín, por el atraso u obstrucción en la tramitación de las leyes, por la (in)cultura de la rendición de cuentas, por la espantosa tramitomanía y bien sabemos cuántas calamidades más'
Esta es la cuestión de fondo: saber discernir. El problema no es que los funcionarios públicos, en un mundo complicado, tortuoso y competitivo, ganen poco, en aras de una tonta parsimonia, sino que trabajen bien y que realicen una gestión excelente en el orden moral e intelectual. El Estado debería contar con la legión de los mejores, dados la naturaleza y alcance de sus decisiones, que nos afectan a todos. Sobra decir, entonces, cuán exigentes debemos ser con los miembros de los supremos poderes.
Lo que importa, pues, no es el monto de los salarios de los diputados y de los ministros, supuesto un criterio de equidad y de razonabilidad, sino la calidad indiscutible de su trabajo. No les vamos a pedir que hagan voto de pobreza, sino que hagan voto de excelencia, de decencia, de eficiencia, de sentido del interés público y de responsabilidad. Ni tontos buenos ni corruptos inteligentes (que nos sobran), ni vivillos ni mañosos, ni parlanchines ni demagogos. Pero, eso sí, honrados, respetuosos del pueblo y de la institucionalidad, trabajadores, de palabra y fieles a su juramento. ¡Qué gran escuela de educación cívica! No es mucho pedirles a cambio del voto.
En fin, les pedimos que nos demuestren, a corto plazo y más allá, que su respuesta son los hechos y los resultados, esto es, su calidad legislativa. Queremos conocerlos por sus frutos, los cuales le dan sentido a la vida.