Planificación y sistemas de evaluación. Las nuevas autoridades de Seguridad Pública convocan a participar en el diseño de una estrategia destinada a poner coto a la delincuencia, pero el resultado tendrá las vértebras estructuradas en torno a esos dos conceptos. En cien días, el ministro José María Tijerino anunciará los resultados del trabajo de escritorio.
Sus declaraciones, recogidas en nuestra edición de ayer, denotan temor a la incomprensión. El funcionario puso todo empeño en explicar la necesidad de un trabajo previo y poco visible, pero “absolutamente necesario”. El Ministro sabe que hay quienes exigirán resultados inmediatos. También sabe que no puede darlos. El reto es grande y es preciso enfrentarlo con estudio y seriedad. El estudio comenzó antes de la inauguración del nuevo Gobierno, dice Tijerino. La seriedad se trasluce en la franqueza de las declaraciones, ajenas a la precipitación propia de la demagogia.
Si los cien días producen los trazos maestros de un plan bien concebido, vale la pena la espera. La planificación no ha sido una característica distintiva del Ministerio de Seguridad. Esa carencia quizá explique la endémica escasez de recursos y la mala utilización de los existentes. El Ministerio debe justificar lo que necesita y la justificación solo puede nacer de un sólido plan de trabajo. No basta constatar las necesidades y hablar de ellas, como lo hizo el Ministro el domingo, cuando recorrió un puñado de puestos policiales para encontrar deficiencias de infraestructura, problemas disciplinarios, mal resguardo del armamento y una flotilla vehicular destartalada. En Heredia, por ejemplo, ocho de las doce patrullas están varadas.
El país conoce estas carencias. Después de todo, es frecuente la clausura de instalaciones policiales por motivos sanitarios. Lo que no hemos tenido oportunidad de conocer es un plan de inversión y desarrollo, vinculado a los objetivos concretos de una política de seguridad. Transcurridos los cien días, el Ministro debe explicar el plan, describir las medidas de racionalización de los recursos existentes e insistir, con claridad, en la inversión requerida. Son tiempos difíciles en el ámbito de lo fiscal, pero ningún problema agobia más a los costarricenses y ningún gasto tendrá mayor apoyo popular.
La planificación será un elemento central para justificar las erogaciones, pero el compromiso con las metas y la evaluación del desempeño determinarán el apoyo sostenido de la opinión pública y los sectores políticos. Es manifiesta la impaciencia de los costarricenses frente a las excusas, como el célebre argumento de la “percepción” de inseguridad o las explicaciones basadas en comparar los índices de criminalidad del país con los de Medellín, El Salvador o México. La evaluación, anclada en la realidad nacional, es el único recurso disponible para cimentar la credibilidad de las nuevas políticas. Amén de hacer a un lado las excusas tradicionales, la evaluación debe ser exigente y pública, para que el diálogo no se agote en el esfuerzo del primer centenar de días.
La actitud del nuevo Gobierno y de su Ministro es esperanzadora. El compromiso de la administración se refleja en la integración del consejo consultivo establecido para enfrentar el problema. Participarán representantes del Poder Judicial y también del Legislativo, pero es notable la presencia de los máximos mandos del Gobierno. La mandataria Laura Chinchilla y su ministro de la Presidencia participan de la comisión. Es un grado de compromiso pocas veces visto y una prueba de sensibilidad frente a uno de los principales reclamos ciudadanos. La directa participación de la Presidenta es un riesgo político. La decisión de no evadirlo testimonia la seriedad del propósito.