En su primer Consejo de Gobierno, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, firmó un decreto de moratoria a la minería de oro a cielo abierto y subterráneo.
Con el decreto, Chinchilla cerró las puertas a proyectos de minería que están en proceso de aprobación en el país.
Con esa disposición, el Gobierno “declara la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro en el territorio nacional. Entendida esta como la exploración, explotación, y el beneficio de los materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio”, señala el documento que regirá una vez publicado en el diario La Gaceta.
Este decreto amplía el que ya había firmado el hoy expresidente Óscar Arias el 29 de abril de 2010, que declaraba una moratoria a la minería.
La disposición, sin embargo, no afecta el proceso y los permisos otorgados por la declaración de interés público que emitió Arias en el 2007, respecto a la empresa Industrias Infinito, en Cutris de San Carlos.
“La moratoria rige a partir del momento en que se declara. Los derechos adquiridos por Industrias Infinito para la mina Las Crucitas están siendo debatidos en los tribunales de justicia”, dijo el vicecanciller, Carlos Roversi.
La mandataria recalcó que la agenda “no se agota aquí, pero la idea era enviar desde hoy un mensaje en relación con los temas prioritarios”.
Seguridad y familia. Además de la moratoria a la minería, Chinchilla firmó otros tres decretos: dos relacionados con seguridad y otro sobre madres trabajadoras.
Uno de ellos crea el Comisionado Nacional Antidrogas, cuya misión será vigilar el cumplimiento de políticas de prevención del consumo de drogas, prevención de delitos, atención a consumidores de estupefacientes y la represión del narcotráfico.
El viceministro de la Presidencia y exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Mauricio Boraski, estará al frente de la entidad.
El segundo de los decretos relacionados con seguridad señala la creación del Comité Consultivo del Proceso de Elaboración y Adopción de la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana.
Este comité tendrá 100 días de plazo para presentar una política integral de gobierno sobre seguridad ciudadana.
Por último, Chinchilla firmó un decreto para crear la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.
La entidad, que plantea beneficiar a las madres trabajadoras, estará a cargo de las instituciones involucradas en materia de niñez, y responde a uno de los puntos sociales contemplados en su programa de gobierno.
La Presidenta expresó a su gabinete la razón por la cual firmó esos decretos.
“Son decretos que refuerzan los temas en los que pusimos especial acento durante la campaña electoral, y frente a los cuales nos debemos a los costarricenses”, dijo.
La actividad se llevó a cabo en una carpa situada a un lado de la tarima donde se realizó el acto solemne de investidura presidencial.
El Consejo de Gobierno fue transmitido por circuito cerrado, pero no hubo acceso a los medios.
Nombramientos y almuerzo. Antes de firmar los decretos, Chinchilla nombró y juramentó de manera oficial a los ministros y presidentes ejecutivos del nuevo Gobierno.
Además, tomó los acuerdos necesarios para postular a Ana Lorena Brenes para un nuevo período al frente de la Procuraduría General de la República, y a Dennis Meléndez para que acceda al cargo de regulador general de la República.
Finalmente, Chinchilla les dio rango ministerial sin cartera al presidente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Carlos Ricardo Benavides, al del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Juan Marín Quirós, y al jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fernando Marín.
Después de la firma de los decretos y los acuerdos, una parte de los ministros se trasladó en varias busetas hacia las instalaciones de la Antigua Aduana, con el propósito de asistir a un almuerzo con los invitados especiales al traspaso de poderes.
Los viceministros de las distintas carteras y los presidentes ejecutivos se dirigieron a Pueblo Antiguo, en el Parque Nacional de Diversiones, donde almorzaron con diputados e invitados especiales que no figuraron como jefes de misión, con lo cual se dio por terminada la primera actividad oficial del nuevo Gobierno.