Los magistrados de la Sala IV no le exigieron al Senara estudios propios para determinar si la construcción de una mina de oro en Crucitas de San Carlos, afectaría los acuíferos de la zona norte.
La información fue confirmada ayer por Bernal Soto, gerente del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
Según indicó, en otras ocasiones la Sala IV les pidió informes técnicos propios, cuando consideró que se trataba de “interés público”.
“Senara ha hecho algunos estudios en casos cuando son de mucho interés público, cuando la Sala nos lo ordena, pero no podemos hacer estudios a todos los clientes de Senara”, declaró Soto.
Sin embargo, en este caso los magistrados no consideraron necesario un informe propio del Senara y avalaron el proyecto minero Crucitas con los análisis hidrogeológicos que pagó la empresa interesada: Industrias Infinito.
El 16 de abril pasado, la Sala Constitucional dio luz verde al proyecto para extraer 70.000 onzas de oro y eso desató una ola de críticas de grupos ambientalistas, que denuncian el supuesto riesgo de contaminación para fuentes de agua y el río San Juan.
Diecinueve días después, la Sala IV tuvo que aclarar que su resolución se basó en los estudios de la minera interesada, pero validados por una entidad pública, el Senara.
Rápido proceso. Además, ayer el gerente del Servicio Nacional de Aguas, Bernal Soto, confirmó que el aval de estos estudios se dio en un plazo máximo de 17 días hábiles.
Soto aceptó que los documentos técnicos pagados por la minera ingresaron al Senara el 19 de enero del 2009 y obtuvieron el visto bueno de la Dirección de Investigación Hídrica el 11 de febrero.
Él pidió datos adicionales el 12 de febrero y le concedió solo un día de plazo al hidrogeólogo, Roberto Ramírez, para responder.
En ese último informe, firmado por Ramírez el 13 de febrero, Senara descarta contaminación de acuíferos y riesgo para el San Juan.
Defensa superior. Pese a la carencia de estudios propios, Jorge Rodríguez, ministro del Ambiente, sostiene que las entidades del Estado no tienen la obligación de realizar este tipo de análisis, pero sí deben fiscalizar que no haya daños en el ambiente.
Rodríguez reconoció que dichos análisis técnicos no garantizan la inexistencia de un potencial riesgo de daño en los acuíferos.
“Aunque hubieran sido hechos por nosotros (los estudios), siempre cabe el riesgo de un daño en la zona. Pero para eso está el estudio de impacto ambiental (EIA), para ver qué impacto habrá y cómo se va a mitigar”, agregó el jerarca.