En vísperas de la elección del nuevo Directorio Legislativo, las fracciones representadas en el futuro Congreso esbozaron dos proyectos de alianza. La primera, un Directorio compartido entre las fracciones de oposición, con exclusión del partido de gobierno. La segunda, un acuerdo entre Liberación Nacional y el Movimiento Libertario cuya fuerza de atracción seguramente alcanzará, cuando menos, a algunos diputados de las fracciones unipersonales.
El proyecto opositor carecía de coherencia y programa. La diversidad de fuerzas representadas imposibilitaba la adopción de acuerdos capaces de trascender la mera repartición de puestos. Era una propuesta peligrosa para el país y para los participantes. En ausencia de un programa común, implicaba un grave riesgo de parálisis en la rama del Gobierno más criticada –con mayor o menor razón– por su falta de agilidad e incapacidad de respuesta. En ese sentido, los efectos de la alianza opositora habrían sido negativos para el país, pero la cuenta la habrían pagado sus artífices.
Se impuso la segunda propuesta, una alianza entre liberacionistas y libertarios construida en torno a un programa común, bien definido y de grandes alcances. El documento incorpora importantes acuerdos en materia de gobernabilidad, control político, fiscalización del gasto público y rendimiento de cuentas. En concreto, contempla la aprobación de una treintena de proyectos de ley sobre seguridad ciudadana, vivienda y titulación de propiedades, política ambiental y energética, reforma del Estado y comercio exterior.
El Ejecutivo también se compromete a poner en práctica una serie de medidas relacionadas con el acceso a Internet, la simplificación de trámites, la revisión técnica vehicular, los planes reguladores en las costas y la transparencia en el manejo de los programas sociales, entre otros temas de importancia nacional. Las fracciones legislativas firmantes ofrecen el apoyo político necesario para conseguir esos objetivos.
Pero las diferencias entre los dos partidos también son notables y el acuerdo las refleja. Es fácil distinguir las propuestas provenientes de la agenda libertaria y las propias del partido de gobierno. Hay importantes coincidencias de fondo, pero el respeto a las características distintivas de cada participante se manifiesta en los compromisos dedicados, simplemente, a agilizar los trámites. En esos casos, los firmantes no se comprometen a respaldar una propuesta determinada y está implícita la salvaguarda de las reservas de cada cual frente a las iniciativas de la contraparte, pero sí garantizan la deliberación democrática, conducente a decisiones de importancia.
Los libertarios no asumen la responsabilidad de un cogobierno, no renuncian a sus prioridades y tampoco aspiran a manejar el Congreso. El acuerdo comienza por “reconocer que el PLN es el partido a quien corresponde la responsabilidad de la gestión de gobierno y de llevar adelante la propuesta programática aprobada por los costarricenses en las elecciones de febrero del 2010'” En consecuencia, los libertarios piden voz en las instituciones autónomas y participación en las comisiones legislativas más importantes para el desarrollo de su agenda, pero no aspiran a controlarlas. Tendrán la presidencia de tres comisiones y la Primera Secretaría del Directorio, pero el manejo de la Asamblea es una responsabilidad depositada, sin ambiguedades, en hombros del Partido Liberación Nacional.
El acuerdo expresa la forja de un equilibrio complejo, respetuoso de la individualidad de las partes y claro en la identificación de las coincidencias. Reserva amplios espacios para la discrepancia ordenada y, quizá, productiva.
Se negoció con transparencia y ofrece al país una agenda sustancial, cuya implementación será prueba final de la madurez política demostrada en este acto por los firmantes.