El superintendente de pensiones, Édgar Robles, manifestó el martes anterior, en estas páginas, que las respuestas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el fondo de pensiones “(') nos llevan a pensar que la situación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podría ser más crítica de lo que inicialmente creíamos”. Son palabras gruesas de un funcionario de altísimo rango, sobre un tema de capital importancia. Confirman la convicción de la Superintendencia con respecto a la existencia de importantes debilidades en el régimen de pensiones y tienden un velo de sospecha mayor en cuanto a la profundidad de las fallas.
A partir de este punto, el debate no puede ser entre el Superintendente y el gerente de pensiones, Miguel Pacheco. El presidente ejecutivo de la Caja, Ing. Eduardo Doryan, debe terciar para asumir responsabilidades y ofrecer explicaciones, sobre todo ahora que se anuncia su traslado al puesto de máxima jerarquía en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), otra institución fundamental para el desarrollo del país y la preservación de su paz social.
En primer término, las explicaciones del Presidente Ejecutivo deben versar sobre la polémica entre la Caja y la Superintendencia en cuanto a la información suministrada.
La Supen acusa a la Caja de evadir sus peticiones de información y de presentarle datos impertinentes e incompletos, cuando no se niega de plano a suministrarlos. La Gerencia de Pensiones responde que las potestades de la Supen no incluyen la regulación del IVM. En eso lleva razón, pero la Supen sí tiene la potestad y obligación de supervisar el régimen de pensiones y no puede hacerlo si no cuenta con la información necesaria.
La Gerencia de Pensiones dice haber perdido confianza en la Supen cuando esta reveló los resultados de un estudio actuarial contratado en el extranjero, con resultados alarmantes.
En otras palabras, la Caja se siente autorizada a ejercer cautela a la hora de cumplir los requerimientos de información de la Supen, porque le atribuye la divulgación de un documento del máximo interés público.
La Gerencia de Pensiones parece entender que goza de la condición de propietaria de datos que, por su naturaleza, son públicos. Es una confusión demasiado frecuente en nuestros funcionarios. En ese sentido, existe un amplio legajo de recursos de amparo fallados en contra de las instituciones públicas por esa causa. Entre las entidades condenadas, figura la Caja.
La Gerencia de Pensiones critica el estudio actuarial contratado por la Supen y alega la pendencia de un nuevo examen, solicitado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Bienvenido el estudio de la OIT y ojalá sus noticias sean buenas, pero la inminencia del resultado no basta para poner el tema en el congelador y obstaculizar el trabajo de las autoridades nacionales encargadas de la supervisión.
La Caja, dice el Superintendente, no es una república independiente. Es la misma crítica esgrimida en diversas ocasiones contra el Instituto Costarricense de Electricidad que, en el pasado, llegó al colmo de retener datos de su presupuesto, indispensables para el buen manejo fiscal del país. El Ing. Doryan está a punto de asumir la Presidencia Ejecutiva del ICE y no es buen presagio que lo haga con un bagaje como este.
El Presidente Ejecutivo de la Caja debe aclararle al país si comparte la desconfianza hacia la Supen, si considera que la divulgación del estudio actuarial es motivo suficiente para fundarla y si estima apropiada la renuencia de la Gerencia de Pensiones a compartir con la Supen la información solicitada.
El tema de fondo –la salud del régimen de IVM– puede y debe ser discutido en profundidad. El estudio de la OIT proveerá nuevos y valiosos insumos para el debate. Por lo pronto, la Presidencia Ejecutiva de la Caja debe asumir posición sobre la transparencia, un valor pregonado con insistencia por la Administración en cuyo seno el Ing. Doryan se apresta a participar.