El operativo del OIJ en el campus de la Universidad de Costa Rica y el zafarrancho posterior han provocado dos discusiones de gran interés público. La primera, previsible, ha sido sobre la naturaleza y alcances de la autonomía universitaria. Inicialmente, se planteó un falso debate: ¿debe entenderse esa autonomía como extraterritorialidad? La respuesta es, por supuesto, negativa. Sin embargo, decir lo que esa autonomía no es (extraterritorialidad), no significa definir lo que sí es.
Artículos recientes de Wálter Antillón (Extra) y Manrique Jiménez (La Nación) han empezado a plantear las cosas como son. La autonomía universitaria se asienta también en tradiciones centenarias, Derecho comparado y en nuestras propias costumbres jurídicas. Dice Jiménez que ello, junto con el texto de la Constitución Política, perfila un concepto a medio camino entre la autonomía administrativa y la soberanía. Bien pero insuficiente: aún hace falta una doctrina sobre hasta dónde llega la autonomía universitaria en temas no directamente ligados con la libertad de cátedra, pero con (potenciales) efectos sobre ella. Por lo pronto, sabemos que implica una estrecha coordinación entre diversas administraciones públicas para procesar los inevitables conflictos que surjan.
El zafarrancho generó una segunda discusión; esta sí bastante sorpresiva. Un reciente editorial de La Nación trajo a cuenta una antigua cuestión: “¿Quién custodia a los custodios?” En concreto, hablamos sobre la rendición de cuentas del OIJ por el operativo en la UCR, un control democrático rutinario: ¿Estuvo bien planeado? ¿Por qué entraron decenas de policías armados al campus? ¿Debemos aceptar la versión policial de que todo estuvo bien y que lo volverían hacer así cuando sea necesario?
Estas preguntas (y otras), indispensables, han aireado activas pero poco conocidas fracturas dentro de la cúpula del Poder Judicial en relación con su conducción. En esta ocasión (pero la cosa va más allá), el director del OIJ se enfrenta abiertamente con el Presidente de la Corte, su superior, en relación con quién y cómo se hace la investigación de lo actuado, con el apoyo entusiasta de subalternos (y quizá de algunos magistrados). Este desafío es, en una democracia, inaceptable, como bien lo dijo Rodolfo Cerdas aquí el domingo pasado. Nada tienen que hacer los policías retando a la autoridad: ¿o es que el OIJ reclama para sí una extraterritorialidad? Inaceptable, repito.
¡Quién diría! Un zafarrancho de una tarde indolente de lunes cualquiera descorrió una cortina y nos permite atisbar cuestiones medulares de nuestra democracia. Y, por cierto, ojalá que al oficial ese que pedía mordidas (origen del problema) lo castiguen duro, aunque haya hecho el servicio de ponernos a hablar de cosas importantes.