Una decisión de la Sala Constitucional dejó ayer al Gobierno a las puertas de poder despedirse este 8 de mayo habiendo coronado todo el paquete de leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Centroamérica.
El último proyecto de la agenda de implementación, el número 14 del paquete, fue avalado ayer por los magistrados constitucionales, al rechazar un recurso de inconstitucionalidad presentado el 25 de marzo por diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Tanto la viceministra de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, como el jefe de los diputados del PAC, Alberto Salom, estaban ya enterados de la votación de los magistrados, la última de los 13 que rindieron ante las solicitudes de diputados opositores, todas rechazadas.
Hasta el ministro Marco Vinicio Ruiz celebró la resolución de la Sala. “Cumplimos”, escribió en Bruselas, donde participa en el cierre de negociaciones de un TLC de Centroamérica con la Unión Europea.
Ahora el Gobierno tiene el camino abierto para someter a segundo debate legislativo y, por tanto, ratificar el expediente 17.264 que los legisladores aprobaron en primera instancia el 23 de marzo, con 26 votos a favor y 13 en contra.
Este texto reforma la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y la Ley de Información No divulgada.
Entre las implicaciones de esta ley está la aplicación de una sanción de hasta cinco años de cárcel a quienes difundan interpretaciones musicales sin respetar los derechos de autor.
Ese castigo recaería, por ejemplo, sobre los dueños de karaokes, intérpretes de música, dueños de bares, restaurantes, hoteles y amenizadores de fiestas que no paguen los derechos de autor sobre la música difundida en sus actividades.
Además los difusores de la música sin permisos se exponen a sanciones económicas que pueden llegan hasta los 500 salarios base, el equivalente a ¢146,7 millones.
Con TLC y sin sanción. Las autoridades esperan que con la aprobación de esta última ley, Washington levante la sanción impuesta desde diciembre, al suspender la compra de 11.000 toneladas métricas de azúcar.
Está previsto que los industriales y exportadores del sector se beneficien al vender esa cantidad de azúcar a un precio preferencial, mayor al doble del monto que se paga el mercado mundial.
Al darse el segundo debate legislativo a esta ley, quedaría agotado el intenso y polémico proceso asumido por el gobierno de Óscar Arias para activar en todos sus alcances el TLC con Estados Unidos, que ya rige de manera parcial desde enero del 2009.
Las leyes de implementación se tramitaron en el Congreso después de que el TLC recibió el apoyo popular en el referendo nacional, el 7 de octubre del 2007.
Temas como la apertura de las telecomunicaciones y los seguros aumentaron la polémica.
El TLC ha consumido buena parte de los esfuerzos del gobierno de Arias, quien desde que asumió el poder, lo fijó como prioridad suya. “Hablaré del TLC hasta en mis sueños” y “es más fácil cambiar los 10 mandamientos que el TLC”, son alguna de las frases que se recuerdan del mandatario al comenzar su gestión.
El TLC fue promovido en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, pero se negoció con Abel Pacheco, quien después expresó dudas sobre su conveniencia.