En sus políticas de combate a la pobreza, nuestro país no puede descuidar la enorme importancia del crecimiento económico, de la generación de oportunidades para los diversos sectores de la población y de la disposición de recursos para atender a las familias en situación más vulnerable, que representan alrededor del 20%, con poco menos de un tercio de ellas en pobreza extrema. Sin esa base, poco podrá hacerse
Sin embargo, así como es necesaria, no resulta suficiente. Porque tan importantes como los factores anteriores son la calidad, eficiencia y coordinación de los programas existentes para el combate de la pobreza.
Durante los últimos años, nuestro desempeño ha sido bueno en crecimiento del producto interno bruto (PIB) y en modernización económica y aumento de la productividad; como consecuencia, hemos generado más oportunidades, aunque aún tenemos enormes tareas pendientes en reforzar las condiciones para un acceso más equitativo a ellas. También han crecido el gasto y la inversión en programas sociales.
Sin embargo, el éxito en disminuir el porcentaje de hogares por debajo del nivel de pobreza no ha sido proporcional a los recursos asignados. Y esto revela, al menos, dos realidades. Una es difícil de superar, porque tiene que ver con el tiempo: las oportunidades generadas, sobre la base del crecimiento económico, mejor educación y salud, tardan en rendir sus frutos, así como los retrocesos en esos ámbitos (sobre todo en la década de 1980) aún se hacen sentir, para mal. Pero la otra realidad tiene un carácter más inmediato y se refiere, precisamente, a la complejidad, contradicciones, ineficiencias, descoordinación y “filtraciones” de la enorme gama de instituciones y programas encargados, directamente, del combate a la pobreza.
Por esto, celebramos que la misión central del ministro designado (sin cartera) para Desarrollo y Bienestar Social, sea, precisamente, la coordinación del sector, y que las decisiones políticas al respecto, durante el próximo Gobierno, vayan a emanar del más alto nivel posible: un Consejo Social que encabezará la presidenta Laura Chinchilla. Así lo explicó el nuevo funcionario, Fernando Marín, en una entrevista publicada el viernes pasado.
La tarea es tan importante como compleja. En su reciente publicación Hacia el fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza en Costa Rica (Academia de Centroamérica, 2010), Ronulfo Jiménez y Víctor Hugo Céspedes, dos de los mejores especialistas nacionales en la materia, mencionan que las políticas sociales de combate a la pobreza se ejecutan mediante 34 programas principales (aunque aclaran que pueden ser más), con la intervención de 22 instituciones públicas de muy diversa índole. Es decir, un verdadero laberinto.
Además, tanto ellos como el último informe sobre el Estado de la nación y otros estudiosos o funcionarios –incluido el nuevo ministro–, han señalado que una gran cantidad programas están desarticulados, las políticas universales y las selectivas no siempre se refuerzan mutuamente, no existen bases de datos comunes, muchas ayudas las reciben personas que no deberían ser elegibles (filtraciones), otras generan dependencia endémica, y la falta de abordajes integrales, que combinen las ayudas individuales con las comunales, reduce el impacto.
Por esto Jiménez y Céspedes concluyen que, además de políticas a largo plazo y un marco institucional realmente eficiente, se requiere una “inteligencia” en el Ejecutivo, que pueda “diseñar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas”. Es decir, una mejor acción política.
Si, además de buscar el cumplimiento de metas numéricas específicas, el ministro Marín logra asumir a plenitud y con eficiencia esa tarea de coordinación, el aporte del próximo Gobierno a la lucha contra la pobreza podrá tener un carácter cualitativamente superior y marcar un cambio significativo hacia el futuro; sino no, nos mantendremos en los resultados mediocres y el poco rendimiento de los recursos destinados. La voluntad se encamina hacia lo primero. Faltan, ahora, los resultados.