La minería a cielo abierto es una historia de nunca acabar. Entrelaza pasión, temor, amor y odio, juntos, como las novelas del realismo mágico. Si todos los mineros fueran malos –o buenos–, no habría confrontación. Ni escribiríamos esta columna.
Es natural tomar partido. Es el derecho que les asiste a todos los lectores y los columnistas de opinión. Piensen cuán difícil sería dejar enterrados recursos minerales tan preciados como el oro en una comunidad pobre, sin fuentes de trabajo, abandonada por omisión estatal y la férrea oposición ambientalista. No hacer nada tiene un costo de oportunidad. Para los lugareños, es seguir pelando rata.
Hay elementos legales y económicos que no han sido debidamente aquilatados. No es correcto apelar al Art. 50 de la Constitución, que garantiza un ambiente sano, para prohibir (a raja tabla) la minería. La Constitución no lo hace. Tampoco, el Código de Minería. Su reglamento dice que “El aprovechamiento de los recursos minerales es de significativa importancia en el desarrollo económico del país. Y es tarea del Estado asegurar que contribuya a incrementar el equilibrio social, ambiental, económico y político nacional en beneficio de las comunidades”.
Si la minería no está prohibida, está permitida. Tampoco es correcto afirmar que se podría prohibir por decreto. Sería inconstitucional. Lo que sí se puede –y debe– hacer es exigir el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Y ahí entran en juego los estudios de impacto ambiental y los análisis de costo-beneficio social. Para valorar si el desarrollo minero contribuye al equilibrio económico y social de las comunidades, no es suficiente alegar que la minería destruye. Hay que cuantificar rigurosamente todos los costos y beneficios sociales, mediante metodologías convencionales. También se deben comparar los beneficios netos con los que aportarían otros proyectos alternativos, como ganadería, agricultura, turismo ecológico o explotación maderera. Es esencial.
En Cutris de San Carlos, por ejemplo, ninguna de esas actividades alternativas podría competir, ni remotamente, con la extracción de oro, cuya cotización en el mercado internacional ha oscilado alrededor de $1.000 dólares la onza. Simplemente, es demasiado rentable. Tampoco podrían competir en generación de divisas (llegará el día en que repunte el dólar), empleos directos e directos, ingresos tributarios (30% de la utilidad neta) y demás pagos a la comunidad. El oro es mucho más rentable socialmente, especialmente si se acompaña de medidas técnicas para mitigar el impacto ambiental. Sería un error rechazarlo sin hacer un balance económico y ambiental equilibrado.