Dentro de poco, las personas que resulten condenadas penalmente tendrán la posibilidad de que otro tribunal revise en forma integral y exhaustiva la sentencia dictada en su contra.
Esta será la tarea de los denominados tribunales de apelación que crea el proyecto de ley, aprobado en primer debate ayer por los diputados, en una de sus últimas jornadas antes de entregar las curules el 30 de abril.
La votación definitiva del plan está programada para el jueves en la última sesión de esta Asamblea Legislativa.
Con esta medida se intenta cumplir con la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó contra el Estado costarricense, en julio de 2004, en el conocido caso del periodista Mauricio Herrera.
Ese tribunal internacional ordenó al país tomar medidas para materializar el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a que un tribunal superior revise la sentencia dictada en su contra.
Para satisfacer esa exigencia, el Poder Judicial promovió en el 2006 otra ley de la apertura del recurso de casación. No obstante, la misma Corte Interamericana consideró insuficiente aquella legislación.
En otro intento de cumplimiento , el diputado liberacionista Jorge Méndez presentó en setiembre del 2008 el proyecto de ley aprobado ayer.
“Estoy muy satisfecho de que el plenario legislativo haya tomado conciencia de la obligación internacional que Costa Rica tenía pendiente de cumplir”, manifestó Méndez.
De los 38 legisladores presentes en la sesión de ayer, solo uno se opuso al proyecto de ley. Se trata de Rafael Madrigal, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Madrigal dijo estar de acuerdo con la creación de los tribunales de apelación, pero que le preocupa el efecto que puedan tener en la duración de los procesos penales. En su criterio, podrían afectar el principio de justifica pronta y cumplida.
Cambios. Tras este paso de los legisladores, ahora corresponde al Poder Judicial tomar las medidas necesarias para poner en funcionamiento la nueva instancia penal.
José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (que conoce la materia penal) , explicó que deberán realizar estudios y esperar los informes técnicos.
En la actualidad, las sentencias penales solo pueden ser impugnadas mediante recursos de casación, gestiones que, según el delito, se presentan ante la Sala Tercera o ante los tribunales de casación.
Con la nueva ley, los tribunales de casación que existen se convierten en tribunales de apelación.
La Sala Tercera se quedará con las casaciones que se presenten ahora, contra las sentencias que a su vez dicten los nuevos tribunales de apelación.
Según Arroyo, en el país existen cuatro tribunales de casación con un total de siete secciones. Estos despachos se convertirán en tribunales de apelación, pero los estudios técnicos servirán para determinar dónde más hacen falta.
“Sin duda habrá que ver ahora la enorme tarea de poner en marcha toda esta transformación y en la mejor disposición a ver si finalmente Costa Rica tiene paz en este tema de derecho al recurso. Han sido muchos años de intentos parciales”, manifestó anoche.
Consecuencias. La ausencia de una instancia de apelación motivó a que, por lo menos, 250 sentenciados presentaran nuevas demandas contra el Estado ante la Comisión Interamericana.
Ese órgano determina el mérito de una demanda para llevarla ante la Corte Interamericana.
Juan Marcos Rivero, defensor del expresidente Rafael Ángel Calderón, condenado a cinco años de prisión por dos delitos de peculado en relación con el caso CCSS-Fischel, adelantó que también llevaría el caso ante la Comisión.