El exdirectivo del ICE José Antonio Lobo Solera entregó al Estado $1,5 millones como parte de un acuerdo con la Fiscalía –secreto hasta el lunes pasado– para no ser perseguido penalmente.
En ese mismo convenio, conocido como “criterio de oportunidad”, Lobo se comprometió a declarar contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez en el juicio por la causa ICE-Alcatel.
Al exdirectivo, la Fiscalía lo señaló por recibir, a principios de esta década, dádivas provenientes de la compañía Alcatel para aprobar un proyecto de compra de 400.000 líneas celulares.
Lobo comparecerá en calidad de “testigo de la corona” (testigo clave). El acuerdo –al que tuvo acceso La Nación–, establece además que el testimonio será usado en contra de los acusados Édgar Valverde Acosta (expresidente de Alcatel-Costa Rica) y el empresario Alfonso Guardia Mora.
El exdirectivo endosó a favor del Estado un certificado de depósito a plazo por $1,4 millones, así como $92.611 en cupones de intereses. Eso sería parte del dinero que recibió como comisión. Sin embargo, los detalles de cuándo se concretó esta transacción no han trascendido.
Lobo también entregó dos vehículos: un Mercedes Benz modelo 1998 y un Volkswagen Golf (año 2000), confirmó anoche el procurador Gilbert Calderón.
La existencia del convenio entre Lobo y el órgano acusador generó polémica al lunes durante el primer día del juicio, debido a que los defensores alegaron desconocer los términos en los que fue pactado. El Tribunal accedió a entregar el documento y dio a la defensa tres días para su estudio. Acuerdo y reproche. La acusación del Ministerio Público sostiene que José Antonio Lobo sirvió como mediador para que dos altos personeros de Alcatel honraran las dádivas ofrecidas al entonces presidente Rodríguez.
El acuerdo revela que Lobo negoció con la Fiscalía una pena de cuatro años de cárcel (el documento no precisa la fecha), pero al final acordaron que sería utilizado como “testigo de la corona”.
“Sin duda alguna, la acción ilícita realizada por el imputado Miguel Ángel Rodríguez Echeverría merece mayor reproche que la desplegada por el imputado Lobo Solera. Después de todo, para llegar a ocupar el primer puesto de la República se requiere obtener la confianza de una mayoría de costarricenses”, detalló Warner Molina, quien fungía como fiscal adjunto en el 2006.
El representante del Ministerio Público agregó: “Siendo por lo demás que, como lo ha manifestado Lobo Solera, él era un súbdito más; esto es, un hombre de confianza del Presidente, una pieza removible y ajustable a los intereses del mandatario, como parte de una estructura de poder liderada por Rodríguez”.
En la acusación, la Fiscalía señala que el exmandatario acordó que las comisiones se repartirían 60% para él y 40% para Lobo.
La jueza penal Ana Gabriela Sánchez ordenó, el 1.° de junio del 2007, suspender la acción penal contra Lobo y aceptó que la Fiscalía lo utilizara como testigo. Disconformes. Para el defensor del exmandatario, Rafael Gairaud, el tema del acuerdo entre Lobo y la Fiscalía “no ha concluido”.
“Nosotros, en gran parte de la audiencia preliminar, discutimos la legalidad del procedimiento aplicado al señor Lobo porque resulta más reprochable su conducta. El criterio de oportunidad resulta ilegal e improcedente”, consideró
El representante legal de Édgar Valverde, Erick Ramos, dijo –por su parte– que los hechos achacados al expresidente de Alcatel-Costa Rica “son menos graves que los de Lobo”, pues, para la época en que se dio la compra de líneas, este último era funcionario público.
El Código Procesal Penal da la posibilidad de un acuerdo entre un imputado y la Fiscalía, “siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles (acusados)”.
Hugo Santamaría, defensor de Alfonso Guardia, cree que el convenio tampoco se podría usar en contra de su defendido. “La resolución del juez solo hace referencia a otro imputado (como supuesto autor de hechos más graves) sin mencionar al señor Guardia. La negociación (entre Lobo y la Fiscalía) era improcedente” .