La Presidenta electa debe reconsiderar su pretensión de reincorporarnos a la Comisión Regional de Seguridad y meter a Costa Rica en una sola mancuerna con las policías y los militares del istmo. Para intercambiar información y colaborar contra el crimen, no se necesita fundirnos en ese peligroso amasijo represivo. Con un OIJ desbocado y hasta en rebeldía pública contra decisiones del Consejo de la Magistratura, manifiestos de jefes policiales, violación de la autonomía universitaria, pretensiones de acceso a la información privada, y ahora esta mala centroamericanización, ¿no se estará escorando hacia un peligroso Estado policial, so pretexto de combatir el delito?
La Presidenta electa debe reconsiderar su pretensión de reincorporarnos a la Comisión Regional de Seguridad y meter a Costa Rica en una sola mancuerna con las policías y los militares del istmo. Para intercambiar información y colaborar contra el crimen, no se necesita fundirnos en ese peligroso amasijo represivo. Con un OIJ desbocado y hasta en rebeldía pública contra decisiones del Consejo de la Magistratura, manifiestos de jefes policiales, violación de la autonomía universitaria, pretensiones de acceso a la información privada, y ahora esta mala centroamericanización, ¿no se estará escorando hacia un peligroso Estado policial, so pretexto de combatir el delito?
¿En dónde nos mete y con quién nos revuelve doña Laura? Según la Comisión de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), allí “jueces, fiscales, políticos, diputados, empresarios y policías, forman parte de poderosas mafias”; esos criminales “son muy poderosos, tienen una enorme capacidad de torcer el brazo del Estado de derecho” y son “elementos poderosísimos dentro de la Fiscalía, dentro de la Policía, dentro del Organismo Judicial”; por eso no hay lugar para engañarse: “hay magistrados del Poder Judicial que están en las nóminas de las mafias, hay empresarios, hay políticos, hay diputados que trabajan para estos grupos”, y “son personas que saben totalmente lo que están haciendo y, aunque todos no libran las mismas batallas, cada uno tiene sus sectores de interés y sus grupos por proteger”.
Nada muy distinto de otros países del istmo. Así, en Honduras, era fácil conseguir droga: bastaba comprarla en las oficinas del PARLACEN en el centro de Tegucigalpa. Por eso la DEA, con razón, desconfía de todos y da con cuentagotas su información y apoyo.
El cuento de que hay que meterse en el mismo lecho porque la ayuda es a la región, es inadmisible e indigno, porque Costa Rica siempre ha sido capaz de pagar el costo de su antimilitarismo y de su institucionalidad democrática. Confundirnos con quienes practican la “limpieza social” (contra niños y jóvenes) en San Pedro Sula y aún hoy desaparecen y asesinan a partidarios de Zelaya, es renunciar a la dignidad nacional.
El chantaje que hoy doblega a doña Laura es historia vieja. Siempre se ha usado para tratar de forzar el abandono de alguna “estorbosa” tradición democrática costarricense. Hasta hoy, el interés nacional prevaleció. A don José Joaquín Trejos, en tiempos duros, le quitaron la ayuda porque se negó a participar en la conferencia de militares en Buenos Aires; pero nuestro Presidente, dignamente, mantuvo su decisión y no fue. A los pocos meses y en silencio, la ayuda se restituyó.
En cambio este anuncio de doña Laura significa una cesión de dignidad nacional por unos dólares más.