Desde hace varias semanas, la Iglesia Católica se encuentra en la mira de la opinión pública, tras revelarse un gran número de denuncias contra autoridades eclesiásticas por abuso sexual a menores de edad en varios países del mundo.
La institución eclesiástica, y el papa Benedicto XVI, se han visto directamente cuestionados por su papel en el manejo de los delitos de pedofilia, principalmente en Irlanda, Alemania y Estados Unidos.
Según dos informes del Ministerio de Justicia irlandés, 14.500 casos de pedofilia acontecidos entre 1970 y 2000 habrían sido ocultados de manera sistemática por la jerarquía católica de ese país.
En Alemania, donde 170 denuncias por pedofilia fueron interpuestas desde enero del 2010, concernientes a hechos acaecidos entre los años 1970 y 1980, se cuestiona la responsabilidad del propio Benedicto XVI, entonces arzobispo de Múnich, en la protección de un cura sospechoso de pedofilia.
En Estados Unidos, una investigación del 2004 identificaba a 4.400 curas pedófilos y a 11.000 niños víctimas de abuso entre 1950 y 2002. Recientemente, una investigación del diario estadounidense The New York Times del 25 de marzo reveló cómo el entonces cardenal Ratzinger omitió expulsar del sacerdocio a un cura estadounidense sospechoso de haber violado a cerca de 200 niños sordos.
Frente a esos hechos, y ante el aspecto sistemático de su encubrimiento por parte de la jerarquía católica, no es de esperar que la opinión pública reaccione con moderación: la amplitud de la indignación no solo se explica por la gravedad de los delitos que sanciona, sino también por la responsabilidad que se exige de la institución eclesiástica, cuya ejemplaridad moral se ve así desvirtuada.
La reacción del Vaticano, y de autoridades católicas de distintos países, se ha caracterizado por una mezcla de aciertos, incomprensión, torpeza y propósitos inaceptables.
Se ha de reconocer que, a diferencia de su predecesor, el papa Juan Pablo II, el actual papa Benedicto XVI tiene el mérito de haber enfrentado de modo más directo el problema de la pedofilia en la Iglesia católica: en un gesto sin precedentes, el Papa se reunió en el 2008 con un grupo de víctimas de pedofilia en Estados Unidos.
Su Carta pastoral a los católicos de Irlanda del pasado 20 de marzo marca también una ruptura: por primera vez, el máximo jerarca se pronunció públicamente contra los abusos sexuales a menores, calificándolos como “actos escandalosos y criminales”, reconociendo asimismo la responsabilidad del episcopado irlandés en el ocultamiento de estos delitos. Dirigiéndose a los curas culpables, expresó: “Habéis perdido la estima de la gente de Irlanda y arrojado verguenza y deshonor sobre vuestros hermanos sacerdotes o religiosos”.
Sin embargo, el mensaje del Papa se ha quedado corto en relación con lo que esperaban, principalmente, las víctimas: el Santo Padre no expresó un mea culpa, no se incluyó al criticar el modo en que la Iglesia ha administrado estos casos; tampoco se pronunció acerca de sanciones en contra de los abusadores y de quienes encubran los delitos, ni de las medidas concretas para detener el abuso de menores. La Carta fue recibida por varias de las víctimas como una manera de proteger principalmente a la institución, en menoscabo de una verdadera labor de autocrítica.
Por otro lado, ante esta serie de revelaciones, un gran número de prelados ha ostentado una actitud defensiva, llegando incluso hasta acusar a la prensa internacional en general, y al New York Times en particular, de falta de objetividad, de contribuir a urdir una conspiración por medio de una campaña de calumnias en contra del Santo Padre, cuyo mayor objetivo sería lograr el desprestigio de la Iglesia Católica.
Peor aún, se arguye que el problema de la pedofilia no afecta exclusivamente a la Iglesia, sino que atañe a toda la sociedad en su conjunto, lo cual es evadir los cuestionamientos sobre la responsabilidad particular de la institución católica en estos casos. Último desatino: las inaceptables declaraciones del secretario de Estado de la ciudad del Vaticano, Tarcisio Bertone, según el cual “existe una relación” entre homosexualidad y pedofilia, propósitos que suscitaron la justa condena de países como Francia y Chile, y que el Vaticano posteriormente deslegitimó.
Sobre la supuesta conspiración calumniosa por parte de la prensa internacional –cuyo contenido no detalla el Vaticano– cabe preguntar: ¿son falsas las informaciones de la prensa irlandesa, estadounidense, alemana, brasileña, canadiense, etc., sobre los casos de pedofilia? ¿Se han desmentido los hechos que documentan las investigaciones del New York Times sobre la posible responsabilidad del papa Benedicto XVI en los casos citados, al no haber expulsado del sacerdocio a un prelado denunciado por pedofilia? ¿Es sensato pensar que el conjunto de la prensa internacional obedece a una conspiración mundial en contra de la Iglesia Católica?
Las acusaciones de persecución no solo son irracionales, sino indignas de una institución que debería poner en un primer plano su deuda para con las víctimas, y su voluntad de prevenir más abusos, antes de llevar a cabo una defensa política de sus actuaciones.
Ciertamente, como lo invocan miembros de la jerarquía católica, el Papa ha realizado gestos importantes para combatir el problema de la pedofilia: fue el primero en pedir que todas las denuncias sobre abusos fueran comunicadas al Vaticano; asimismo, para defender al Papa de haber contribuido a ocultar los delitos, el Vaticano hizo pública su guía interna contra los abusos, redactada en el 2003, en la cual se afirma que “debe seguirse siempre el derecho civil en materia de información de los delitos a las autoridades competentes”, una novedad con respecto a los procedimientos que se seguían anteriormente. El énfasis, sin embargo, está por ahora puesto en medidas contempladas para actuar a posteriori, es decir, una vez que el daño está hecho, y no de disposiciones a priori, tendientes a evitar que dichos perjuicios se produzcan.
El hecho de que estos problemas se encuentren ahora sometidos a un mayor escrutinio público, gracias, notablemente, a que las víctimas han roto el silencio, y a la labor de información y de investigación de la prensa, augurarían, en el mejor de los casos, una mayor transparencia en el tratamiento de estos problemas en el Vaticano.
En vísperas de cumplirse cinco años del papado de Benedicto XVI, ponerle fin al secreto y al encubrimiento de los casos de pedofilia en la Iglesia Católica es una tarea pendiente insoslayable.