La Contraloría General de la República (CGR) criticó severamente la “débil” gestión del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) en la administración y protección del Parque Marino Las Baulas.
El informe acusa al Ministerio y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de no haber ejecutado en los últimos 19 años “acciones firmes, concretas e integrales” para consolidar el parque, ubicado en el Pacífico norte, Guanacaste.
El ente contralor cuestiona que desde 1991 el Minaet no haya completado los procesos de expropiación de los terrenos del parque, para garantizar la protección de la tortuga baula, la más grande de las tortugas oceánicas.
Las Baulas es en la actualidad el sitio de anidación más importante de este quelonio, en peligro de extinción, en toda la costa del Pacífico en el continente americano.
Aunado al atraso de casi dos décadas en la adquisición de 278 hectáreas privadas, el informe critica enormes variaciones en los avalúos de los terrenos a expropiar.
Por ejemplo, cita el caso de una finca de 2.860 metros cuadrados, cuyo valor en sede administrativa fue calculado en ¢20,6 millones. Once meses después, el mismo terreno en sede judicial adquirió un valor estimado de ¢1.264 millones, un incremento de un 6.037%.
Esa variación de precios fue identificada por el ente contralor en 10 propiedades.
El estudio dice que el Sinac “no reaccionó” ante la diferencia de valores, pese a que el Estado es responsable de asumir el costo de las expropiaciones, que oscila entre $300 millones y $500 millones.
Más señalamientos. El informe DFOE-PGAA-IF-3-2010 también critica “el traslado irregular o la eliminación de los mojones ubicados en la zona marítimo terrestre”, lo que impide la elaboración de un mapa del Parque Las Baulas.
En esa misma línea se cuestiona que, al intentar pagar expropiaciones, los planos de las fincas se superponen entre sí o tienen mediciones imprecisas.
El atraso en el pago de estas expropiaciones permitió el desarrollo de actividades turísticas que colindan con el parque y que generan basura, exceso de iluminación y ruido, lo que afecta el delicado desove de las tortugas.
La Contraloría concluye que, ante “lo inmanejable de esta situación”, el Minaet impulsa un proyecto de ley con el propósito de reducir los límites del parque, para evitar las expropiaciones y una crisis presupuestaria por el pago de las tierras.
“Pero el problema y las amenazas al hábitat de las tortugas seguiría latente con el paso de los años, lo que podría ser ambientalmente irreversible”, concluye el informe.
Precisamente, ese proyecto fue incluido la semana pasada en la lista de iniciativas prioritarias en el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que vence el 30 de abril.
En defensa del Minaet, anoche el ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, desestimó las críticas y alegó que cualquier acusación de ineficiencia “amerita un análisis integral, que valore los diferentes aspectos técnicos, legales y constitucionales involucrados”.
Además, dijo que el miércoles pasado presentó un recurso de revocatoria contra el informe.