La verdad de lo sucedido el jueves con la diputada Carmen Granados, durante la manifestación dispersada por la Policía en San José, brilla en todo esplendor en un video a disposición de cualquier ciudadano con acceso a Youtube. La escena difiere en mucho del relato de la legisladora y pone en tela de juicio no solo la prudencia de sus actos, sino también su compromiso con la verdad.
Las declaraciones de la diputada, en horas siguientes al enfrentamiento, culpan a la Fuerza Pública de presionarla contra un vehículo policial. “A mí se me presiona contra la radiopatrulla, y los ciudadanos, para protegerme, me subieron, porque yo no alcanzo. Si usted ve mi estatura, no es para que yo ponga un pie sobre el carro y me suba sola. Ellos me subieron para protegerme porque ya estábamos siendo golpeados”, dijo a Radio ADN el viernes.
Cuando el periodista de la radioemisora le señala que esa versión contradice sus declaraciones del día anterior, cuando dijo que se había subido al auto para “negociar” la liberación de un manifestante detenido en su interior, doña Carmen replica: “Bueno' yo me subo porque ellos me ayudan a subirme y los ciudadanos me están protegiendo. Cuando yo estoy sobre la radiopatrulla, yo ahí lo que hago es pensar: en este momento, aquí yo sola, ya si no estoy cubierta por los ciudadanos, puedo negociar con el director'”.
Según la versión del jueves, subió al auto para negociar la liberación del detenido. Según la del viernes, los manifestantes la subieron para protegerla. Según la síntesis de las dos versiones, hecha segundos después, cuando el periodista le señala la contradicción, se subió porque la ayudaron a subirse, pues la estaban protegiendo y, entonces, se le ocurrió que solita, encaramada en la tapa de un vehículo, estaba en buena posición para “negociar”.
En el primer caso, habría subido voluntariamente con el preconcebido propósito de negociar. En el segundo, no medió voluntad ni propósito, pues otros manifestantes la subieron para protegerla. En la cantinflesca síntesis, la ayudaron a subir porque la estaban protegiendo y, desde la alta posición en que la ubicaron las circunstancias, pensó en negociar.
Quizá las declaraciones no tomaron en cuenta que, en verdad, el video existe. La filmación difundida el sábado por Telenoticias de Canal 7, muestra a la legisladora frente a la tapa del motor de la radiopatrulla, rodeada de manifestantes y sin ningún policía a su alrededor. Con toda tranquilidad, conversa con un joven, y con el dedo apunta al vehículo, pidiendo ayuda para subirse. “Súbame aquí”, dice en dos ocasiones. El joven accede y la sube a la tapa del motor. Nadie la empuja.
La legisladora ya está sobre el vehículo cuando los policías se aproximan y le piden bajar. Ella permanece sobre el auto un buen tiempo y advierte a los oficiales que no la pueden tocar. El video no muestra el final del incidente, pero los policías terminaron por bajarla y, en el forcejeo, la legisladora rodó por el suelo.
Cuando la periodista de Canal 7 le pregunta sobre las contradicciones y le muestra el video, la diputada responde con frases como “supongamos que yo supongo que es la Fuerza Pública” la que empujó o “si usted quiere verlo como una contradicción véalo como una contradicción”. Cuando la reportera le señala, una vez más, que nadie la estaba empujando, la diputada pregunta cómo define la periodista la palabra empujar.
Esta cuarta versión, la de la realidad captada en video, abona a la veracidad del relato del ministro de Seguridad, Mario Zamora. Según el funcionario, en la patrulla estaba un asesor de la Asamblea Legislativa, arrestado por obstruir la vía pública, y el propósito de la diputada era impedir el desplazamiento del vehículo hasta la sede del Poder Judicial, a cuyas órdenes sería puesto el detenido.
Cabría preguntarse con qué autoridad exigía “negociar” la diputada. La liberación de un detenido es potestad del Poder Judicial, no de la Policía que lo arresta in fraganti, y mucho menos de un diputado. Un legislador, por otra parte, no puede alegar su inmunidad para entorpecer la acción policial con medidas de fuerza.
La legisladora no parece tener claros esos conceptos. A la fecha, cree que la Policía “violó la soberanía” al despejar el paso por la vía pública y la culpa de engañarla “para darse a la fuga con los presos”. Tanta autoridad cree tener la diputada que considera una obligación de las autoridades “negociar” con ella, en plena vía pública y en medio de una revuelta, la liberación de un detenido.
Como no lo hacen, toma las vías de hecho para impedir a los oficiales “darse a la fuga”. Si lo sucedido no fuera tan serio, el video podría ser visto con algo de humor.
Más allá de tanta confusión sobre las facultades del diputado y la dignidad del cargo, preocupa el divorcio entre las declaraciones de doña Carmen y la realidad. Si no existiera prueba en contrario, su dicho podría conducir a establecer injustas responsabilidades sobre los hombros de humildes servidores de la Fuerza Pública.
El Partido Acción Ciudadana, celoso guardián de la ética, uno de cuyos componentes es la verdad, debe explicar al país si cohonesta el proceder de la legisladora.