Todo comenzó la semana pasada. Hubo una serie de eventos desafortunados alrededor del Gobierno, que más parecía obra de vudú en vez de simple mala suerte. Empezó el 6 de noviembre, cuando el puente bailey sobre la General Cañas colapsó por el peso de una grúa. La jornada siguiente, en el Día de la Democracia, La Gaceta les informó a los costarricenses sobre la entrada en vigor de la llamada ‘Ley Mordaza’. Luego le llegó el turno a la marcha por la defensa de la CCSS, que acabó siendo un zafarrancho como pocos. La cereza en el pastel fue el aumento en los marchamos, apenas como para atizar el fuego de la indignación popular.
A propósito de los hechos del jueves 8 de noviembre, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, defendió la actuación de la Fuerza Pública, aduciendo “un uso racional de la fuerza”. Laura Chinchilla, asimismo, aupó la labor de su subordinado y lo felicitó por defender la libertad de tránsito de todos los ciudadanos.
Resulta extraño observar este arrebato democrático en la Administración. El historial del Ejecutivo con respecto al tema de derechos ha sido bastante pobre. Basta recordar la forma arbitraria en que expulsó a los indígenas de la Asamblea Legislativa en agosto del 2010. También han de traerse a colación aquellas infames palabras de que las garantías para la población LGTB “no son prioridad”.
Para más inri, el Estado costarricense ha defendido a capa y espada el impedimento a la fecundación in vitro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre el acceso a la información, solo diré dos palabras: ‘Ley Mordaza’. La única excepción ha sido en el tema de libertad religiosa, sobre el que se plantea la firma de un concordato con el Vaticano.
Más aún, sobre la libre facultad de transitar por el territorio nacional, sorprende la bizarría de los antimotines contra hombres, mujeres y ciudadanos de oro; cuando son incapaces de hacerle frente a los energúmenos del futbol. Igual de asombrosa fue la rápida respuesta ante un grupo de personas de a pie; en contraposición con la lentitud en la intervención del Conavi, causante directo de trastorno general en las calles.
El uso racional de la fuerza debería estar restringido a la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias, punto en el que ha faltado firmeza (pero sobre todo honestidad). Estos son los verdaderos enemigos que hay que expulsar de Costa Rica.
Queda así en evidencia que hay una disonancia palpable entre el discurso oficial y su proceder. El Gobierno intenta hacernos creer que tiene un rostro suave, pero la careta de cemento no se la quita nadie.
Lástima, porque con el caos vial que sufrimos todos, un poco de material de construcción no nos caería mal.