Un grupo de alto nivel inició ayer el estudio de las posibles acciones que deberían aplicarse a corto plazo para desahogar las cárceles nacionales.
Entre las medidas presentadas está la de que algunos detenidos puedan cumplir las penas de prisión fuera las cárceles, como las condenas menores a dos años.
El análisis de las opciones comenzó, pues en la actualidad hay una sobrepoblación de 3.174 presos; es decir, un 32,3% de más. Lo máximo permitido por la Sala IV es un 20%, a fin de garantizar los derechos humanos de los reos.
Eugenio Polanco, viceministro de Justicia, dijo ayer que, de continuar la actual tendencia para aplicar prisión, dentro de 18 meses la sobrepoblación será de 7.694 presidiarios.
La reunión, en la que se encontraban magistrados, representantes de los ministerios de Justicia y de Hacienda, de la Defensa Pública, del Ilanud y de la Defensoría de los Habitantes, entre otros, se realizó en la Corte Suprema de Justicia.
El grupo definió que, en un plazo máximo de un mes, se tengan propuestas más concretas para determinar la viabilidad de aplicarlas.
La magistrada Anabelle León Feoli afirmó que es necesario confrontar esas sugerencias con la realidad jurídica y económica.
Iniciativas. Diana Montero Montero, en representación de la Defensa Pública, dijo que la situación en las prisiones es bastante crítica y se le debe declarar “emergencia nacional” para que se facilite la atención del problema.
Montero, entre las sugerencias que expuso, dijo que las mujeres embarazadas, con niños menores de 12 años, las personas enfermas, los adultos mayores y las personas próximas a cumplir la pena deberían tener la opción de purgar la condena en la casa.
Advirtió, sin embargo, que esa medida se podría tomar, previa valoración técnica de cada caso, y mediante el seguimiento de si se cumple la prisión domiciliaria.
Montero pidió que los jueces ejecutores de la pena sustituyan la prisión por cualquier otra medida, cuando visiten una cárcel y las condiciones no se ajusten al respeto de la dignidad humana.
Elías Carranza, director del Ilanud, dijo que, ante la gravedad de la situación, se debe pensar en que, cuando ingrese un reo, se le dé la salida a otro. En su criterio, “mandar más gente a la cárcel es mandarlo al hacinamiento”.
Eugenio Polanco afirmó que otras de las complicaciones del sistema es que faltan más de 50 funcionarios especializados para atender a la población carcelaria. “No hemos podido ni sustituir plazas”, agregó.