El año pasado Costa Rica logró contaminar más el ambiente, profundizar su dependencia del petróleo importado y encarecer el costo de la energía en un 11,26% si se aprueba el alza solicitada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El financiamiento de estos logros saldrá del bolsillo de los usuarios, incluyendo el sector productivo, con lo cual conseguimos, también, encarecer la producción nacional y empobrecer a la población en general.
El ICE no puede reclamar los méritos. Corresponden, más bien, a una Asamblea Legislativa estancada, incapaz de ofrecer al país lo necesario para desarrollar una política energética apta para asegurar la oferta, prever la demanda futura, explotar las fuentes autóctonas de energía y sumarle a la capacidad instalada nuevos medios de generación limpia.
El país desarrolló, en muy buena hora, la generación hidroeléctrica. La visión de sus impulsores, entre quienes destaca don Jorge Manuel Dengo, no puede ser elogiada en demasía. Pero la capacidad instalada es insuficiente, y los efectos del cambio climático, en una de las regiones más castigadas del planeta, afectan el régimen de lluvias y crean baches en la producción.
En el 2011, por ejemplo, hubo una leve disminución en la cantidad de electricidad generada con recursos hídricos. El calificativo “leve” puede llamar a confusión si no se señala que la disminución ocurrió, pese a la inauguración, en setiembre, de la planta de Pirrís, con 134 MW de capacidad.
En consecuencia, el país se vio obligado a producir un 24% más de energía térmica, pagó caro a los proveedores foráneos de petróleo y envió a la atmósfera toneladas de gases de efecto invernadero. Seguir por el mismo camino, como lo prometen las estadísticas de inicios del 2012, es irresponsable desde el punto de vista económico y ambiental. También lo es desde la perspectiva del bienestar de la población, estrechamente ligado a la abundancia de energía eléctrica.
“La contingencia eléctrica es ya”, dice René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Los datos respaldan su afirmación, pero en la Asamblea Legislativa aún se hace esperar el sentido de urgencia correspondiente. Durante años, el Congreso ha tenido frente a sí las iniciativas necesarias para mejorar las condiciones del presente y asegurar el futuro, pero no les ha dispensado la atención necesaria.
El Gobierno insistirá en revivir la discusión del proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica –de alcances limitados, pero útiles– para permitir mayor participación de la empresa privada en la generación de energía limpia, producto del agua, el viento y los desechos. Es necesario, también, permitirle al ICE el desarrollo de los recursos geotérmicos, abundantes en nuestro país y condenados al desperdicio por encontrarse en las proximidades de volcanes enclavados en parques nacionales.
Hay una insalvable contradicción en el deseo de preservar esos parques, sin variación alguna, a costa de contaminar el ambiente para suministrar con medios térmicos la energía limpia que el país podría obtener del subsuelo. El beneficio ambiental y económico de la geotermia está a nuestro alcance, y el sistema de parques nacionales puede, más bien, salir fortalecido. El área destinada a la planta geotérmica puede ser compensada, con creces, mediante la incorporación al parque de terrenos aledaños. El pago de un canon por la extracción de energía serviría para llenar las raquíticas arcas del sistema. El país puede tener parques más grandes y mejor atendidos mientras cosecha los beneficios económicos y ambientales de la geotermia.
El cambio climático, los vaivenes del mercado petrolero mundial y el previsible aumento en la demanda energética deben servir de acicate para abandonar los prejuicios y legislar con la prontitud necesaria para encarar uno de los retos más importantes del desarrollo nacional.