En Inglaterra, cuna y modelo del sistema parlamentario, el primer ministro perdió la potestad de disolver el órgano legislativo para convocar a elecciones anticipadas. La reforma, impulsada por el gobierno conservador de David Cameron, recibió consentimiento real el 15 de setiembre del 2011.
A partir de esa misma fecha, en el 2015, el Parlamento será electo por períodos fijos de cinco años y solo podrá ser disuelto si la Cámara de los Comunes aprueba una moción de falta de confianza en el gobierno o si dos terceras partes de sus integrantes acuerdan convocar a elecciones anticipadas.
La madre del modelo de Westminster renuncia así a una de las características tradicionales de su diseño gubernamental para adoptar un importante rasgo del presidencialismo. Entre los motivos de la reforma, el viceprimer ministro, Nick Clegg, cita la necesidad de dar al pueblo la “certeza y estabilidad de saber la duración esperada de un parlamento”. La medida procura, entonces, mejorar la gobernabilidad.
Año y medio más tarde, en Costa Rica, un país completamente ajeno al modelo de Westminster, una comisión presidencial propone adoptar los elementos del parlamentarismo recién abandonados por Albión, tras siglos de práctica. La intención, dicen los proponentes, es mejorar la gobernabilidad.
La propuesta criolla es, además, una construcción extraña. Permite al Congreso provocar la caída del gobierno, pero no la de quien lo encabeza. Confiere a la Presidencia la facultad de disolver la Asamblea y convocar a elecciones, pero sin poner en juego la titularidad del Ejecutivo, no importa cual sea el resultado de los comicios.
Es perfectamente posible, y hasta probable, que, después de las elecciones, el Gobierno cuente con menos apoyo, no más. También existe la posibilidad de resolver la censura legislativa con ajustes menores del Gabinete y parte sin novedad hasta la siguiente crisis, siempre a la vuelta de la esquina.
Los ingleses, cuya práctica parlamentaria está entre las más depuradas, hoy pliegan velas en aras de la estabilidad. La democracia italiana y sus cuatro decenas de Gobiernos en seis décadas de posguerra, conoce mucho mejor las vicisitudes del parlamentarismo. Ni hablar de Bélgica, carente de Gobierno durante 735 días en el cuatrienio del 2007 al 2011.
El parlamentarismo, o un puñado de sus características, no garantizan la estabilidad o la gobernabilidad, como tampoco el estancamiento. Lo mismo es cierto del presidencialismo. Sin embargo, puede ser trágica la adopción de instituciones sin raíces en la tradición política nacional, sobre todo si se insertan en ella como cuerpos extraños, ajenos a la función que tuvieron en su lugar de origen.