Recientemente un tribunal de Nicaragua condenó a 30 años de prisión a 18 mexicanos juzgados por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, tras hacerse pasar como periodistas de Televisa e incautárseles $9,2 millones.
Recientemente un tribunal de Nicaragua condenó a 30 años de prisión a 18 mexicanos juzgados por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, tras hacerse pasar como periodistas de Televisa e incautárseles $9,2 millones.
El grupo había sido detenido el pasado 20 de agosto en un puesto de seguridad en la zona fronteriza con Honduras, y la Policía nicaraguense halló en los vehículos el dinero además de rastros de cocaína.
Según autoridades nicaraguenses, se trata de una de las más importantes incautaciones por narcotráfico, pero esto no fue obstáculo para juzgar y condenar a los imputados en menos de 6 meses.
¿Qué están haciendo los tribunales nicaraguenses que no estamos haciendo acá? Me adelanto a la discusión, indicando que en este caso no se ha publicitado ni argumentado, al menos ante los medios, que se haya violentado el derecho de defensa de los imputados.
Esto también nos llama a otra reflexión de fondo: ¿podemos hablar de justicia cumplida cuando esta no es pronta? En mi criterio, no, pues se trata de un principio de derecho en esencia indivisible.
Como país debilitamos nuestro Estado de derecho al aceptar como válido un sistema de ineficiencias. Resulta preocupante el conformismo en el que hemos caído al “aceptar” como “válido y justificable” (por las razones que sean) que pasen años para obtener justicia, incluso y paradójicamente en los procesos que el legislador creó como abreviados.
En el plano humano, ¿podemos hablar de justicia cuándo hay quienes reciben de manera póstuma su pensión? O bien, cuando hay menores de edad que deben de esperar hasta seis años para recibir una indemnización ante la muerte por accidente de su progenitor? Y ¿qué decir de la división de bienes en un sucesorio controvertido.
Resulta también inhumano que pasen meses y hasta años para que una persona acusada penalmente vea resuelto su proceso. Si es inocente, por la larga injusticia, y si es culpable, por el dolor y ansiedad de los victimarios y sus familiares.
A nivel empresarial, la lentitud de los tribunales abulta los costos, entraba una actividad por naturaleza ágil, que demanda soluciones y respuestas inmediatas, lo que nos pasa como país una incuantificable factura en término de nuestra competitividad.
En momentos en que el país está entrando en un profundo proceso de reflexión sobre cómo mejorar nuestra gobernabilidad, sin duda alguna deberá velar por reformas que nos garanticen a los ciudadanos nuestro derecho a la justicia pronta y cumplida.