La polémica interinstitucional en torno al desarrollo de la Gran Área Metropolitana (GAM), por 30 años, ya ha dado sus primeros frutos. No se ha logrado avanzar, de manera firme, en orden al desarrollo, la planificación y el ordenamiento territorial en “el hogar de la mayor parte de la población nacional”, tal como lo expresó metafóricamente el editorial de LN del 23 de enero pasado, pero sí hemos dado muestras acabadas de nuestra capacidad creativa en la elaboración de siglas.
Si el desarrollo y el ordenamiento territorial de la Gran Área Metropolitana (GAM) hubiera avanzado, en el orden técnico, legal, físico y político, al son de las siglas, habríamos escrito la página más visionaria en la historia del país. Habríamos ordenado y organizado 31 cantones, entre Paraíso de Cartago y Atenas, en Alajuela, bautizados como GAM, enmarcados en nuestro espléndido Valle Central por una corona de montañas, para lanzarlos como ejército disciplinado por la senda del desarrollo y el urbanismo. ¿Existe en nuestra América algún valle más bello y acogedor que este para que el talento político y científico desplegara el encanto de la estética y del desarrollo urbano y social? Lamentablemente, como en otros campos, no hemos correspondido, con nuestro empeño, a la generosidad del Creador. Hemos disipado la herencia recibida y ahora nos hemos enzarzado en un combate de siglas, desde el GAM (Gran Área Metropolitana), pasando por el Prugam (Proyecto de Planificación Urbana Regional de la Gran Área Metropolitana), que consumió varios años de trabajo, hasta el Potgram (Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana), propuesto por la Contraloría y sustituto del anterior con rectificaciones de fondo.
Seamos justos. No todo ha sido en vano. Del Prugam, financiado por la Unión Europea, por 18 millones de euros, quedaron como “obras demostrativas” el bulevar de la Unión Europea (avenida 4, que ningún tico sabe dónde está), la iluminación del parque de Zapote y los planes reguladores de 22 cantones. Prugam, no obstante su urgencia y sus objetivos, fue rechazado por el INVU, pese a las invitaciones que se le formularon, aduciendo razones ambientales, la necesidad de fuentes de empleo y el crecimiento de la población. Cabe mencionar que el INVU ostenta el cargo singular de “rector del organismo en materia de desarrollo urbano”.
Y ¿ahora qué? En una esquina del cuadrilátero institucional el ministerio de Vivienda, en la otra el INVU, más allá profesionales y expertos en la materia, las municipalidades con sus planes reguladores, amenazados todos por cualquier recurso de amparo de cualquier hijo de vecino, y, como encargado de poner orden en este desmadre, la oficina del vicepresidente Piva. Amén, Jesús.