El 3 de enero del presente año solicité por correo electrónico a la Presidencia del Colegio de Abogados el “listado completo de abogados activos a nivel nacional, por año, del 2000 al 2012”, con cierta información pública que ese colegio recolecta de sus miembros (fecha de inscripción, universidad de la que se egresaron, especialidad reportada, etc.).
Hice una aclaración importante en mi correo: “por favor, en hoja de cálculo de Excel”. La única respuesta que obtuve de ese órgano llegó el 14 de enero, cuando una funcionaria me indicó lo siguiente: “Se traslado (sic) a la Dirección Ejecutiva el correo es jmeneses@abogados.or.cr”. Procedí entonces a escribirle otro correo al director ejecutivo, don José Luis Meneses Rimola, en espera de que se comunicara conmigo. Envié otro más el 27 de enero. A la fecha, nadie ha respondido.
Ante el claro desinterés de esta organización por respetar mi derecho a obtener información pública, el 4 de febrero presenté un recurso de amparo ante la Sala IV. El 11 de febrero se me notifica que mi denuncia se rechazaba de plano. ¿Por qué?
“La información de carácter público que el recurrente solicita, en su mayor parte, está disponible en la página web del Colegio de Abogados. El resto de ella, debe gestionarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por lo tanto, la inconformidad de la parte recurrente no se relaciona con una violación a un derecho fundamental”, redactó el magistrado Castillo Víquez, y todos los demás jueces lo apoyaron. Ese fue el único –y muy escuálido– argumento para rechazar mi recurso, sin entrar a analizar el fondo del asunto.
A la carrera.
En su escueto razonamiento, el juez omitió valorar que quizás solicité la información “en hoja de cálculo de Excel” porque no solo quiero ver los datos, sino procesarlos para concluir algo sobre ellos. ¿Me permite hacer eso el sitio web del Colegio de Abogados?
Sospecho que los jueces y sus letrados no se hicieron esa pregunta. Verifíquelo usted mismo: ingrese a www.abogados.or.cr. En el menú, a la izquierda, puede ver el botón que dice “Consultar Agremiados (as)”. Al ingresar, note que no hay forma alguna de descargar en una hoja de cálculo de Excel la base de datos completa (o cualquier hoja para manipular datos y concluir algo de ellos).
Luego, el listado completo de colegiados aparece si escribe “a” en la casilla “Apellido 1”. Así, verá que son 16.320 abogados en la lista. Si yo quiero ver los datos de cada agremiado, debo hacer clic en su carné. Sale entonces una ventana con el “detalle del agremiado”. Hay 10 datos de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, un ciudadano promedio (como yo) quisiera manejarlos en Excel, tendría que ir al detalle de cada uno de esos miles de abogados y copiar y pegar en las celdas respectivas.
Con estimaciones muy modestas e ignorando lo impreciso que sería el proceso, si convertir manualmente en 10 celdas de Excel el detalle de cada agremiado me tomara 30 segundos, tendría que trabajar, sin parar, por 135 horas. Eso representa 5,65 días completos. Y si lo dividimos en jornadas de ocho horas, me tomaría 17 días terminar esa tarea que me impusieron los jueces.
Por lo tanto, al transferirme la Sala IV el deber de extraer los datos de un sitio web con un sistema tortuoso como el del Colegio de Abogados, me impone un costo tan alto para tener acceso a la información, que, de hecho, termina ella misma negándomela.
No hay forma de que, en un tiempo razonable y con precisión, yo pueda saber, por ejemplo, los años promedio de práctica legal de los actuales abogados del país, pues no puedo manipular los datos en hojas de cálculo. Aparentemente, los jueces constitucionales creen que la información pública es para observarla, no para manejarla, cruzarla con otros datos, y extraer de ellas conclusiones de interés público.
La Sala IV me impone una censura indirecta pues yo no puedo utilizar los datos del Colegio de Abogados para obtener un resultado, interpretarlo, llegar a una conclusión y difundirla a la sociedad (a menos que, por 17 jornadas laborales, abandone mi vida, y me dedique a copiar y pegar datos en hojas de cálculo). Se coarta así mi derecho a conocer y a pensar por el propio tribunal encargado de proteger los derechos humanos en el país.
Además, sienta un precedente nefasto: bajo el razonamiento de los magistrados, con solo tener datos públicos expuestos en un sitio web, aunque sea en formatos que impiden a los administrados manejarlos y convertirlos en conocimiento, las instituciones estarían cumpliendo a cabalidad con el derecho al libre acceso a la información pública, lo cual vaciaría el contenido esencial tal garantía.
Sin visión.
El fallo no solo se sustenta en un razonamiento descuidado e incongruente con sentencias previas de la propia Sala, sino que evidencia una inmensa falta de visión de lo que deben ser los gobiernos digitales abiertos, donde los ciudadanos pueden utilizar las tecnologías de la información y su capacidad de análisis para ejercer un inteligente escrutinio de los asuntos públicos.
La Sunlight Foundation, líder estadounidense en la promoción de este tipo de gobernanza, ha difundido con mucha insistencia los diez principios para abrir la información del Gobierno (2007). No es casualidad que el principio cuarto exige a los Estados “proveer de una interface para que los usuarios puedan descargar toda la información almacenada en la base de datos de una sola vez”.
El lema de esta exitosa organización sin fines de lucro invita a usar las “ideas y la tecnología de punta para hacer al Gobierno transparente y responsable de sus actos”.
Como triste contraste, el tribunal constitucional costarricense emite un fallo que me impone el deber de trabajar 135 horas continuas para reconstruir una sola base de datos públicos.
Las instituciones públicas se convertirán en oscuros búnkers, y no en “verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados”. (Sala Constitucional, 2003-02120).