El Juzgado Penal de Hacienda sobreseyó a cuatro funcionarios del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (Acahn) del Minae, quienes fueron acusados de los delitos de peculado, exacción ilegal y nombramiento ilegal que les atribuyó la Fiscalía.
La resolución la adoptó el pasado 19 de diciembre el juez penal de Hacienda Arnoldo Samudio Samudio.
La medida beneficia a los funcionarios William Vargas González, Alberto Alfonso Delgado Artavia, Juan Diego Alfaro Hernández y Asdrúbal Alvarado Ortíz.
Según el documento judicial, fue el propio fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien solicitó que se les eximiera de los cargos luego de más de dos años de investigación.
El abogado Henry Vega, defensor de los implicados, dijo que esta resolución viene a reflejar que los hechos que se atribuyeron a los sospechosos nunca existieron y además demuestra que los funcionarios actuaron conforme a lo establecido por la ley.
Antecedentes. Los funcionarios fueron detenidos el 18 de agosto del 2010 como parte de una investigación para determinar si hubo abuso con el uso de los vehículos oficiales fuera del horario laboral y durante fines de semana.
Además, para saber si incurrieron en un excesivo pago de viáticos y si nombraron a personas que no reunían los requisitos para el cargo que les fue asignado.
En aquel momento se les atribuyeron los delitos de peculado (sustraer dineros públicos), nombramientos ilegales y exacción ilegal (cuando un funcionario público exige una contribución).
La Fiscalía procedió a decomisar documentos que fueron guardados en alrededor de 50 cajas de cartón. Igualmente, se llevaron los discos duros de las computadoras.
Los funcionarios fueron suspendidos del cargo durante un período de seis meses. Si embargo, después se ordenó que fueran reinstalados.
En una audiencia que tuvo lugar 18 de diciembre, el Juzgado Penal de Hacienda determinó que ya había transcurrido mucho tiempo para que la investigación estuviera concluida y que, por tanto, se aceptaba la gestión del Ministerio Público para dictar sobreseimiento.
Inicialmente, el fiscal general, Jorge Chavarría, había pedido sobreseimiento provisional, pero esa gestión fue rechazada por el juez Samudio, quien consideró que la Fiscalía se había fijado hasta el mes de junio del 2012 para terminar las pesquisas en este caso y que, como no había encontrado hechos anómalos, lo que procedía era un sobreseimiento definitivo.